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70 años. Gratuidad universitaria y los principales hitos en el proceso de democratización

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Por Mara Petitti* | Fotos: Vero Ape

Parte de un recorrido por el acceso gratuito e irrestricto a la universidad pública desde la Reforma del ´18 hasta nuestros días y de cómo se construyó su rasgo inclusivo**.

 

En 2018 la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se preguntaba si  “es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la Universidad.”  En respuesta al discurso pronunciado en el Rotary Club, muchos universitarios dieron testimonio a través de las Redes Sociales no solo de su acceso a la Universidad sino también de su finalización a pesar de haber nacido en condiciones adversas. Tomando como base este antecedente, creemos que la conmemoración de los 70 años de la gratuidad universitaria, acontecimiento que ubica a la Universidad como derecho social, es una oportunidad para reflexionar acerca de los hitos que promovieron su democratización.

Partamos desde la Reforma de 1918 que con motivo del centenario ha incentivado numerosos encuentros y escritos académicos, implicó un paso central en la ampliación del acceso a la Universidad, aunque la gratuidad se efectivizaría más de 30 años después, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Es posible que las confusiones respecto al momento concreto de su establecimiento, se deban al peso de la  Reforma otorgado por las interpretaciones de los estudiosos sobre el origen de la universidad actual, pública gratuita y autónoma. Pero además otro factor puede estar vinculado  a que muchas de las innovaciones del gobierno peronista en materia de políticas públicas han sido subsumidas no solo debido al acento colocado en los aspectos doctrinarios, sino también al ser ubicadas en un lugar secundario en el discurso académico.

Ciertamente, el 22 de noviembre de 1949 durante el gobierno de Domingo Perón se suprimieron los aranceles universitarios. Cinco años después, la Ley de Educación Universitaria que reemplazaba aquella sancionada en 1947 estableció entre las funciones de la Universidad asegurar la gratuidad. Junto a la supresión de los aranceles, otras medidas como el otorgamiento de becas establecido en la Ley de 1947, la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948 y la supresión de los exámenes de ingreso en 1953 contribuyeron a una expansión de la matrícula, que pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955. 

 

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Poco después del derrocamiento del gobierno peronista en el ´55, el decreto que reemplazó aquella normativa sancionada un año antes dejó la decisión respecto a la composición del fondo universitario en manos de los estatutos que cada institución dictara.  De todas formas, el período abierto a partir de entonces y cerrado once años después fue considerado como una “época de oro” en la cual los ideales de la autonomía alcanzaron su máxima expresión. En 1966 Onganía intervino las universidades y la policía ingresó violentamente en algunas facultades durante la tristemente recordada noche de los bastones largos que inició el proceso conocido como fuga de cerebros. En ese marco, la nueva legislación universitaria señalaba en su texto que si bien la enseñanza en el grado sería gratuita, las universidades determinarían el mínimo anual de materias aprobadas con que podría mantenerse el derecho a esa gratuidad, fijarían una base de aranceles anuales que podrían incrementar, e implementarían derechos por exámenes y trabajos prácticos repetidos. Asimismo, se exigía la aprobación de pruebas de ingreso que reglamentaría cada facultad. 

Tal normativa se mantuvo vigente hasta la llegada de Héctor Cámpora a la presidencia en mayo de 1973, quien designó a Jorge Alberto Taiana en el Ministerio de Educación. Durante su gestión salió a la luz, aunque por muy poco tiempo, una ley que condensaba en gran medida las aspiraciones de buena parte de los estudiantes. Así, no sólo se restableció la gratuidad en el grado, sino que también se extendió hasta el posgrado, se eliminaron los exámenes de ingreso y se implementó un amplio sistema de becas: de ayuda económica, de estímulos, de asignación a la familia y para estudiantes extranjeros. Sin embargo, poco tiempo después, durante el invierno de 1974, el reemplazo de Taiana por Oscar Ivanissevich decidido por Estela Martínez de Perón que asumía la presidencia, implicó no solo la implementación de cupos de admisión y la obligatoriedad de cursar el “tríptico nacional”, sino además el incremento de la violencia armada, la represión y las cesantías. 

Con el Golpe de Estado de 1976 que inició del periodo más oscuro y trágico de nuestra historia, todas las universidades fueron intervenidas y puestas bajo la órbita del Estado, el presupuesto educativo y particularmente el universitario se redujo abruptamente, se impusieron nuevos cupos de ingreso y con la sanción de Ley Universitaria de 1980 retornó el arancel bajo el argumento de que las universidades no eran gratis ya que “su mantenimiento representa para la comunidad una erogación anual de muchos millones de pesos”. Además se relacionaba el arancelamiento con el “principio de solidaridad” porque lo recaudado con los aranceles “se utilizaría para becas, subsidios, créditos, mejoras de bibliotecas y otros medios de extensión cultural”. Se trata del único período de la historia argentina en el que no sólo no creció la matrícula de las universidades públicas, sino que además disminuyó. 

Con la llegada de la democracia a fines de 1983, una de las primeras medidas del gobierno electo fue normalizar las universidades, eliminar el sistema de cupos y restablecer la gratuidad, característica distintiva de nuestras universidades. En ese marco, se sancionó una ley muy breve que les daba una amplia autonomía. Los aires democráticos, la apertura de carreras y la enorme cantidad de estudiantes que durante años habían esperado para iniciar sus estudios, dio como resultado un salto en la matrícula que pasó aproximadamente de menos de 388 mil en 1980 a 595 mil en 1985. 

Al inicio de la década del ´90 las universidades se regían por aquella ley sancionada en 1984. Poco después de la aprobación de la Ley Federal de Educación y la Ley de Transferencia de las escuelas secundarias y al año siguiente de que la reforma constitucional incorporara la autonomía universitaria en su texto, en 1995 se sancionó la Ley de Educación Superior. La garantía de la gratuidad unida a la equidad, en un contexto de políticas neoliberales e influencia de los organismos de financiamiento externo en la definición de la agenda educativa, despertó en la comunidad educativa enormes temores de un retorno al arancelamiento. A pesar de ello y con una población universitaria dispuesta a defenderlo, el principio de la gratuidad se mantuvo en los estudios de grado. Al calor del crecimiento de los índices de desocupación y pobreza, se implementó un sistema de becas y otro de créditos universitarios, que formó parte de una serie de políticas compensatorias.  

 

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A lo largo de esa década la matrícula de las universidades públicas si bien superaba en términos absolutos a la procedente de las privadas, creció a un ritmo menor, tendencia que se vio modificada cuando el estallido y los efectos de la crisis del 2001 pusieron en jaque la estabilidad institucional. 

Si los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner estuvieron abocados a promover la estabilidad y el crecimiento económico, hacia el final de su mandato dieron lugar a la sanción de la Ley de Educación Nacional que entre otras medidas estableció la obligatoriedad de la educación secundaria. Como es sabido las normas no son un espejo de las prácticas, sin embargo son indicativas de tendencias. La Ley de Educación Nacional implicó la intención de ampliar la base de potenciales aspirantes a la universidad, del mismo modo que los proyectos tendientes a establecer la escuela intermedia -Saavedra Lamas en 1916 y Astigueta en 1968- intentaron reducirla. 

Durante la gestión de su sucesora, Cristina Fernández, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Técnica facilitó la posibilidad de que el Ministerio de Educación instituyera nuevas agencias encargadas de garantizar la obligatoriedad de la educación secundaria. En materia de universidad al Programa Nacional de Becas Universitarias se incorporaron una serie de programas de financiamiento estudiantil como el de Becas Bicentenario, el de Becas de Grado y a partir de 2014 el PROGRESAR. Estas medidas junto a la creación de universidades en el conurbano bonaerense, significó el acceso por parte de una gran cantidad de estudiantes primera generación de universitarios. Para acompañar la trayectoria de los nuevos ingresantes se desarrollaron medidas como tutorías, cursos de nivelación y otras formas de acompañamiento. En 2015 se aprobó una ley que modificaba la LES sancionada 20 años antes y que dejaba asentado en su texto que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.

El incremento de las posibilidades de acceso, en una sociedad donde persisten las desigualdades de base, podía implicar e implicó tal como ha sido señalado por las investigaciones sobre el tema, un crecimiento en la extensión de la duración de las carreras y en los índices de deserción. A pesar de ello, desde la perspectiva de la experiencia de vida de los estudiantes que por primera vez en sus familias accedían a una alta casa de estudios e incluso que por primera vez terminaban la escuela secundaria, los límites de la política universitaria se presentan mucho más difusos que para aquellos que pretenden estudiarla con un abordaje “desde arriba.” 

A 70 años de la sanción de la gratuidad universitaria en Argentina, consideramos que en tanto derecho social, el acceso a la universidad constituye una convicción que debe seguir extendiéndose por todos los rincones de nuestro país. 


*Investigadora de Conicet, Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios Sociales (INES)

**Para que no resulte excesiva la nominación diferencial se utilizará el masculino genérico clásico pero respetando el debate que está dando actualmente la sociedad sobre el lenguaje desde una perspectiva no binaria.

 

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