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70 años. Gratuidad universitaria y el proyecto nacional

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Por Aritz Recalde* | Ilustración: Cabro | Fotos: Vero Ape

Desde 1949 a la actualidad, se implementaron varias políticas de Estado tendientes a garantizar el derecho de los sectores populares a ingresar a la universidad. Si bien la  política universitaria avanzó en su sentido democratizador, el desafío del presente es reconstruir el proyecto nacional que le dio origen.

 

Orígenes de la gratuidad

El 22 de noviembre de 1949 por Decreto Presidencial 29.337, se suspendió el cobro de los aranceles universitarios. Hasta el advenimiento del Justicialismo, la institución fue elitista y funcionó como un medio de separación de clases sociales otorgando el monopolio del conocimiento y del poder que ello conlleva, a una minoría selecta. La oligarquía terrateniente, el capital extranjero y un reducido grupo de empresarios y de comerciantes radicados en las capitales de provincia, detentaron el poder económico y también el cultural. Ello les otorgó capacidad de decisión política y el control institucional del Poder Judicial, de la administración económica, la salud pública y la educación, entre otras esferas de gobierno. 

Según lo detalló Arturo Jauretche en su libro El Medio Pelo en la Sociedad Argentina, el desarrollo económico y social argentino de fines del siglo XIX y de principios del XX, generó las condiciones para el surgimiento de los sectores medios y de pequeños empresarios, muchos de ellos de origen inmigrante. Estos grupos forjaron un status aspiracional conformado por valores, prácticas y consumos culturales. La identidad de los sectores medios se construyó a partir del deporte, de habitar barrios acomodados, ir al hipódromo, tener auto y pileta o viajar de vacaciones. La posibilidad de estudiar en colegios de elite y de acceder a la universidad fueron dos piezas fundamentales de su status. 

Jauretche puntualizó que las clases altas y los representantes de los poderes extranjeros delinearon los contenidos y las finalidades de la Educación Superior, en un proceso que denominó de “colonización pedagógica”. El resultado fue que las clases medias y los empresarios argentinos educados en las universidades aspiraron a ser “clase alta terrateniente” y a verse más como europeos que como americanos y eso los condujo a distanciarse del pueblo. Los intelectuales de clase media se convirtieron en una “intelligentzia” y reprodujeron inconscientemente los conceptos formulados por las usinas ideológicas del extranjero. Como resultado de esa educación, las burguesías locales carecieron de ideología propia, de conciencia y de normas de grupo y para ellos “inglés es el lenguaje de los negocios” y “francés el lenguaje del espíritu”. 

Jauretche mencionó que los descendientes de los criollos, de los pueblos originarios y de los gauchos fueron desplazados violentamente a los márgenes de las grandes urbes y culminaron en las villas miseria. Fueron por mucho tiempo desempleados, trabajadores rurales temporarios, y con el advenimiento de la industrialización, integraron las cuadrillas de obreros de la incipiente economía nacional. Los sectores populares tenían vedado el ingreso a los colegios nacionales y a la universidad y accedían meramente a la escuela primaria en la cual asimilaban los valores de la clase dominante, que edificó desde allí, una “política de la historia” y una “colonización pedagógica”.

La democratización de la educación favoreció un cambió de status de las clases medias y de los trabajadores. Los primeros modificaron su visión del mundo acercándose a las posiciones populares y como parte de dicho proceso es que pueden interpretarse la nacionalización de los grupos medios de los años sesenta, el Cordobazo o el rol de los jóvenes en el tercer gobierno Justicialista. Para los trabajadores, la gratuidad de la universidad supuso un cambio político y aspiracional. Los obreros ascendieron socialmente, ocuparon lugares fundamentales del poder estatal y privado y tuvieron una renovada conciencia de su centralidad en la construcción de la nación argentina.

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El Estado nacionalista y las universidades

El establecimiento de la gratuidad universitaria en el año 1949 surgió en el contexto de una Revolución que organizó un nuevo Estado social de derecho y que planificó el modelo de desarrollo en el mediano y largo plazo. Durante la etapa se le dio impulso a la industria argentina y ello supuso una importante demanda de recursos humanos altamente calificados en ciencia y tecnología. 

El Primer Plan Quinquenal 

Las metas económicas, educativas y tecnológicas del primer peronismo fueron proyectadas en dos Planes de desarrollo de cinco años aprobados por el Congreso de la Nación. El Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de bajos ingresos. El texto remarcó que podrían acceder a los distintos niveles educativos todos aquellos que tengan la aptitud adecuada prescindiendo de los medios económicos que poseen”. El Plan presentó un Proyecto de Ley de “Estatuto Universitario” que incluyó la meta de la “gratuidad de la enseñanza universitaria”. La iniciativa en su Título III “De los estudiantes”, Capítulo I “Del ingreso a la Universidad”, Artículo 48 “Gratuidad”, fijó que “la enseñanza universitaria es completamente gratuita en todos sus aspectos para todos aquellos alumnos inscriptos que carecieren de medios para costearla. Los estudiantes que por sí o por su familia no se hallaren en las condiciones señaladas en el párrafo anterior costearán la referida enseñanza en todo o en parte, según las circunstancias de cada caso, conforme a los aranceles y demás disposiciones universitarias”. 

Como complemento, en el artículo 50 de la propuesta se incluyó la obligación del Estado de crear Becas de “compensación económica familiar” y de “estudios”. La distribución del beneficio se realizaría teniendo en cuenta las características y necesidades regionales, sociales, económicas y culturales referidas a cada universidad”.

Es interesante detallar, que a diferencia de la iniciativa contemplada en el Proyecto de ley del Primer Plan Quinquenal, la norma 13.031/47 de “Régimen Universitario” no incluyó la gratuidad plena de los estudios. En su lugar, el artículo 87 fijó que “El Estado creará becas para la enseñanza gratuita, cuya distribución entre las diversas universidades de la Nación, se hará por el Poder Ejecutivo”. Los miembros de familias “obrera, artesana o empleada” carentes de recursos podrían requerir el beneficio y la “beca consistirá en obtener gratuitamente la enseñanza universitaria en todos sus aspectos y grados, el suministro de libros y útiles, y en el otorgamiento del diploma o título que se obtuviere, y en conceder una compensación económica familiar que equivalga lo más aproximadamente posible a la aportación del alumno”.

Al momento de tratarse en el recinto la ley 13.031/47 el diputado radical Alfredo Calcagno, cuestionó el hecho de que la gratuidad de la enseñanza “insinuada en el Plan Quinquenal, no figura en el proyecto”. La UCR presentó una iniciativa de ley en representación de la minoría y Calcagno puntualizó que “nuestro proyecto suprime las limitaciones numéricas al ingreso y consagra el principio de la gratuidad sin restricciones, así como la compensación económica a la familia proletaria” (Sesiones Cámara de Diputados 1947: 676 y 706-708).  

El Decreto Presidencial que confirmó la gratuidad

Finalmente, la gratuidad de la universidad en la República Argentina no se alcanzó con una ley sino con la sanción del Decreto Presidencial 29.337 del día 22 de noviembre del año 1949. El texto estableció “Suspéndase con anterioridad al 20 de junio de 1949 el cobro de los aranceles universitarios”. A diferencia del proyecto introducido en el Primer Plan Quinquenal, la propuesta no formuló diferenciaciones sociales entre los jóvenes y la situación de sus familias y todos los estudiantes eran eximidos del pago. 

Entre los considerandos del Decreto 29.337/49 se fijó que el “engrandecimiento y auténtico progreso de un Pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo componen” y que “una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”. El texto sostuvo que los “jóvenes capaces y meritorios” iban a poder encausar sus actividades potenciando sus aptitudes y su “legitima vocación” en “su propio beneficio y en el de la Nación”.

Ratificando la decisión gubernamental, el Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) en el apartado IV. G. 8 “Universidades”, estableció que la enseñanza superior era “gratuita”. El Programa de Gobierno fijó que las universidades y profesorados tenían que “asegurar el ingreso a los diversos cursos de todos los aspirantes que reúnan condiciones básicas de aptitud y vocación”. 

La primera norma propiamente educativa sancionada por el Congreso de la Nación que incluyó taxativamente la gratuidad universitaria, fue la “Ley Orgánica de Universidades 14.297 de 1954. El texto afirmó los principios del Decreto 29.337/49 y estableció que las “universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social”, teniendo como objetivoasegurar la gratuidad de los estudios”. 

El financiamiento de la gratuidad universitaria

Un aspecto fundamental del Decreto 29.337/49, es que en el artículo 2 se comprometió al Estado Nacional a dotar a las universidades de los recursos complementarios necesarios para alcanzar dicho objetivo. 

Con anterioridad, la ley 13.031/47 creó un tributo especial para financiar la universidad conformado con el impuesto del 2% a toda persona –de existencia física, ideal, con o sin personalidad jurídica, o sucesión indivisa– que empleare trabajo de otra. 

La ley 14.297/54 incluyó entre los fondos de las universidades los provenientes del artículo 8 de la Ley 13.558 (Presupuesto Nacional).

Entre 1946 y 1952 el presupuesto aumentó de 48 a 307 millones de pesos moneda (+ 636%), se destinaron 4 millones de pesos a becas y se distribuyeron gratuitamente 174.642 ejemplares de apuntes (Ministerio de Educación de La Nación 1952: 30-31).  

Aspectos derivados de la gratuidad universitaria

Resultado de la sanción de la gratuidad universitaria la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente:

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En un gran resumen, la gratuidad del sistema de educación superior implicó: 

a- Variable económica laboral. El Plan Quinquenal aceleró el desarrollo industrial e impulsó la creación de una nueva infraestructura, la reorganización estatal y empresarial y la renovación de maquinaria. Todo eso demandó una importante capacitación de mano de obra para la industria y para gestionar el sector público en las áreas de salud, asistencia social o infraestructura. El Decreto 29.337/49 facilitó el ingreso a la universidad de los sectores de bajos recursos masificando la matricula estudiantil y aumentando el número de profesionales titulados. 

b- Variable social y política. La gratuidad democratizó el acceso a la institución y permitió que la educación superior cumpla una función de ascenso y de igualación social y cultural. La medida favoreció que estudien miles de latinoamericanos imposibilitados de acceder a ese derecho en sus países. Con la democratización universitaria se generaron condiciones para modificar el origen social de la clase gobernante.  

c- Variable tecnológica. La sanción de la gratuidad fue paralela al impulso estatal, al desarrollo de la energía atómica (CNEA), la investigación científica (CONITYC o Instituto Antártico) y la tecnología aplicada a la industria (IAME o Fabricaciones Militares). El aumento de la matrícula universitaria iba a derivar en la radicación de los estudiantes y profesionales en las áreas de vacancia tecnológica y científica estratégicas.        

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1949-2019 setenta años de gratuidad universitaria

La ley 26.320/07 estableció el día 22 de noviembre como «Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria«, homenajeado la importante fecha histórica. 

Desde el año 1949 a la actualidad, se implementaron varias políticas de Estado tendientes a garantizar el derecho de los sectores populares a ingresar a la universidad. La eximición del pago de aranceles fue complementada con programas de becas de diversa índole y con la apertura de comedores y de residencias estudiantiles subsidiados. 

La expansión del sistema universitario en todas las provincias facilitó el acceso a la educación a muchos jóvenes, que antes se veían limitados por la distancias geográficas y culturales. La apertura de instituciones en el Conurbano Bonaerense y en otras localidades socialmente relegadas y con escasa tradición universitaria, modificaron la histórica localización educativa ubicada meramente en las grandes capitales donde habitaba la clase alta. Uno de los rasgos de la mayoría de estos establecimientos, es que una parte mayoritaria de sus estudiantes son de primera generación familiar universitaria.  

Es más de un aspecto, en este último tiempo la política universitaria avanzó en su sentido democratizador. No se puede decir lo mismo del proyecto de país y a diferencia de la Argentina del año 1949, actualmente el Estado no garantiza el pleno empleo de las familias de los estudiantes y no tiene un proyecto industrial que ponga en valor el conocimiento universitario. El Estado carece de planificación en el mediano y largo plazo. La clase dirigente tiene conceptos enfrentados acerca del tipo de país que hay que promover y eso dificulta la formación de líneas estratégicas y coherentes de programación universitaria en el mediano plazo. 

En el siglo XXI estamos aplicando recetas económicas liberales del siglo XIX y la Argentina está reprimarizando la economía y reforzando su perfil agropecuario y exportador. Los datos de la actividad industrial de los últimos años son negativos y se están perdiendo miles de puestos laborales. A este modelo de desarrollo le sobran trabajadores y no requiere de técnicos y de una mano de obra calificada. 

Argentina está acentuando un perfil social que es propio de Latinoamérica y que se caracteriza por la existencia de grandes diferencias de ingresos entre una minoría rica y una mayoría sumamente pobre. El subdesarrollo económico y la desigualdad están moldeando un país que parece acostumbrarse a que el 40% de sus habitantes vivan en la marginalidad, el desempleo, el subempleo o con planes sociales. 

El académico, el artista y el científico no se van a desarrollar individualmente si la comunidad en la cual viven fracasa. El gran desafío a setenta años de la sanción del Decreto 29.337/49 es reconstruir el proyecto nacional que le dio origen y justificación a la medida. En su defecto, por más gratuita que sea la universidad, no dejará de ser elitista y mantendrá la nueva división social existente en la Argentina entre los incluidos y los descartados. 


*Sociólogo, Magister en Gobierno y Desarrollo y Doctor en Comunicación. Docente de la UNAJ y la UNLa.


 

Bibliografía citada

– Jauretche Arturo (2006) El Medio pelo en la sociedad argentina, Corregidor, Buenos Aires. 

– Ministerio de Educación de La Nación (1952) Labor desarrollada durante la primera presidencia del General Juan Perón, Ministerio de Educación de La Nación, Buenos Aires. 

– Perón Juan Domingo (2007) Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, INJDP, Buenos Aires. 

– Recalde Aritz (2016) Intelectuales, Peronismo y Universidad, Punto de Encuentro, Buenos Aires. 

– Sesiones Cámara de Diputados (1947) Sesiones del 23 y 24 de julio de 1947, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de La Nación. 

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