Por Ruth Lemos** | Fotos: Titi Nicola, Paula Kindsvater y Sec. Cultura de la Nación CC-BY-SA-2.0
El surgimiento de nuevos actores sociales irrumpen en el espacio público exigiendo justicia y visibilizando una problemática de género negada por el recrudecimiento de las políticas neoliberales y el corrimiento del Estado en materia de derechos en relación a la trata de personas con fines de explotación sexual.
LA AUSENCIA DEL ESTADO
La deuda social del Estado constituye por sobre todo una deuda de derechos. La CEPAL (2018) ha planteado en sus documentos la ineficiencia de la desigualdad. Señala que no solo en lo social se juega lo social, sino que las brechas sociales tienen determinantes en los ámbitos macroeconómico, productivo, institucional, territorial, cultural y de relaciones de género. La igualdad es un compromiso ético ineludible y la igualdad de derechos, al constituir un valor intrínseco de la ciudadanía y del humanismo moderno, debe cuajar en instituciones, estructuras y políticas que permitan avanzar hacia el cierre de brechas.
Una nota distintiva de las políticas de ajuste en América Latina y el Caribe ha sido la erosión de la ciudadanía y el sentimiento de pertenencia a una comunidad. “La ciudadanía es, según Hannah Arendt, el derecho a tener derechos. En ese sentido, todo recorte de derechos es una mutilación de la ciudadanía y la negación de derechos humanos. En el límite, la abolición de los derechos de ciudadanía- o de los derechos fundamentales, como prefiere decir Luisi Ferrajoli- implica la desaparición de todos los derechos”1.
Para Ansaldi y Giordano, un principio elemental de la ciudadanía es la igualdad. En ese sentido, señalan que la larga lucha por la construcción de la ciudadanía no es más que la prosecución de la igualdad, ideal típico de la modernidad. “De modo que el cercenamiento de la ciudadanía social […] no sólo es un ataque a la igualdad, sino una consagración de la convicción del conservadurismo y de la derecha […] sobre la “natural” desigualdad”2.
América Latina en los últimos años se ha caracterizado por la multiplicidad de demandas económicas y sociales, y ha habido un resurgimiento de la movilización social, ahora atravesada por cuestiones relativas a la condición de clase, étnica y/o de género, sin desmedro de las de carácter ético. Las desigualdades, como hemos visto, no son sólo de clase, sino también de género, entre otras. Los autores señalan que los nuevos movimientos sociales surgen en 1990 con nuevas demandas: de minorías religiosas, ambientales, de género. Advierten, retomando a Alain Touraine que es necesario considerar un movimiento social como elemento de un campo de acción histórica con sus interacciones y conflictos, y no como una entidad autónoma de análisis.
En América Latina esta conceptualización surge con fuerza a partir de 1980 y puede distinguirse dos momentos. El primero se ubica a fines de la dictadura y principios de la democracia, refiere a movimientos sociales con composición puramente de clase: con elementos distintivos de reivindicación específica por su pertenencia a la defensa del medio ambiente, tales como movimientos ecologistas y antinucleares; a la defensa de derechos o por el locus de vida, como los movimientos urbanos en pro de vivienda o de participación autónoma; movimientos de jóvenes por su pertenencia etaria y/o de género, tales como los de mujeres o de homosexuales. El segundo momento es el de movimientos sociales que combinan una doble pertenencia: clasista (campesinos) y étnica (pueblos originarios). En las décadas de 1960 y 1970 los movimientos sociales se encontraban vinculados a formas de resistencia a la dominación política dictatorial en un momento de transición a la democracia. En las décadas de 1980 y 1990 surgieron como movimiento de resistencia a la fuerte embestida de los cambios regresivos en la estructura social por la aplicación de las políticas liberales.
Advierten que, más allá de la denominación “nuevos” movimientos sociales, su interpretación en términos de conflictos sociales debe ser en clave estructural, de larga duración, y social. Los movimientos de mujeres y feministas se han mantenido activos y prolíficos, aunque con algunos altibajos. Señalan la importancia de legislación en materia de derechos de las mujeres, en el marco mundial de aspiración generalizada de realización de Democracia y Derechos Humanos, luego de la vigencia del patrón de acumulación neoliberal y el estatus de referencia imperialista de los Estados Unidos bipolar que se superó. Cuestiones de género figuran en las agendas públicas nacionales, demandas que los movimientos de mujeres y feministas han reclamado por muchos años.
En el Informe “El salto de la autonomía de las márgenes al centro”, de 2011, ya se remarcaba rutas y caminos trabados para las mujeres en dimensiones referidas a:- autonomía física, femicidio y violencia de género, maternidad adolescente, salud reproductiva; – autonomía económica, administración de ingresos propios e inserción laboral equitativa; – autonomía en la toma de decisiones, paridad política y acceso al poder judicial. “El avance en el plano de los derechos políticos contrasta con el brutal retroceso de los derechos civiles y sociales”3.
El Informe “Del Compromiso a la Acción: Políticas para Erradicar la Violencia contra las Mujeres América Latina y el Caribe”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, presentado en noviembre de 2017, señala que las instituciones públicas, organizaciones de mujeres y feministas de la sociedad civil realizan arduos esfuerzos para superar los desafíos de una efectiva implementación de la legislación y políticas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe.
El Informe indica que se ha convertido en una región de avanzada en materia de legislación y políticas para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Casi todos los países de esta zona cuentan con planes nacionales para la eliminación de la violencia de género, siendo 15 de ellos específicos sobre violencia contra las mujeres. El 27% ha sancionado leyes “de segunda generación” o integrales, las cuales amplían las distintas manifestaciones de violencia (física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, obstétrica, simbólica, mediática, etc.) en los ámbitos privado y público, algunas consideran la diversidad etaria, sexual, étnica de las mujeres, enfatizan la atención integral y establecen más medidas de protección y acciones en caso de incumplimiento. Otro aspecto destacado de las leyes integrales es que reconocen una clara responsabilidad del Estado, por acción u omisión, y asignan las competencias de los diferentes actores y responsables de aplicación de la ley con mayor precisión.
Sin embargo, dicho informe deja al desnudo el corrimiento del Estado cuando detalla los siguientes nudos críticos: la necesidad de robustecer el liderazgo de los Mecanismos Institucionales de la MUJER (MAM) para el adelanto de las mujeres para dinamizar, dirigir y gestionar planes y políticas; la insuficiencia de recursos presupuestarios para la implementación de las políticas y/o planes nacionales de la violencia contra las mujeres, la debilidad en la continuidad de la implementación de las políticas públicas y planes nacionales; la respuesta institucional fragmentada y con poca coherencia. Señala la falta de sistemas de información y medición sobre la violencia contra las mujeres que permita entender la dimensión del problema y diseñar políticas y respuestas basadas en evidencias, la existencia de planes que no llegan suficientemente a los niveles sub-nacionales y locales, y el insuficiente monitoreo y evaluación del impacto y alcance de las políticas y/o planes nacionales.
El Informe alerta sobre la debilidad de los mecanismos de coordinación, de las capacidades técnicas y de los sistemas de información, la falta de coherencia entre los instrumentos legales y las políticas y la insuficiente asignación de recursos financieros. Remarca la persistencia de patrones culturales patriarcales que naturalizan la violencia contra las mujeres, que afectan tanto a la sociedad como a las instituciones mismas encargadas de implementar planes y políticas. Estos nudos dificultan la obtención de mejores resultados en las acciones públicas. La magnitud del problema requiere de los Estados un abordaje institucional más holístico, más integral, con más recursos, aún pendiente y que deja en evidencia la ausencia de políticas públicas en cuestiones de género.
La presencia de los nuevos movimientos sociales. Organizaciones de mujeres y feministas frente a la violencia de género
Existe una disociación entre el mundo de la economía y el mundo del poder político en la región, en donde los avances se observan sólo en los indicadores económicos, no así en los políticos y sociales, en un contexto de marcadas violencias políticas y ajuste. Estos indicadores revelan el deterioro creciente y sistemático de las democracias de la región y la feminización de la pobreza.
Frente a este contexto y la falta de respuesta integral de los Estados, los nuevos movimientos sociales tienen un rol fundamental. Las organizaciones feministas y de mujeres se levantan en América Latina y el Caribe en reclamo de la equidad de género y de acceso a justicia a mujeres.
Algunos de estos nuevos movimientos han surgido para la expresión de demandas frente a las violencias que se ejercen contra las mujeres, quienes como plantean Ansaldi y Giordano (2012), a través de organismos de mujeres y organismos feministas con sus demandas han forzado a una mayor democratización de la sociedad y a cambios sustantivos en las instituciones. Si bien ha habido avances, como señala Cepal (2017), aún falta mucho camino por recorrer para el efectivo acceso a justicia de mujeres en situación de violencia y lograrlo es el desafío.
El estudio de las organizaciones desde una perspectiva de género es bastante reciente. Las investigaciones sobre los movimientos sociales nos abren la posibilidad de acercarnos a los procesos más dinámicos de lo social y a los procesos de resistencia que generan los discursos dominantes. A finales de la década de los setenta del siglo XX se pusieron en marcha investigaciones, tanto teóricas como empíricas, que defienden la importancia del género en la configuración de las organizaciones modernas 4.
Hoy día, el estudio de las organizaciones desde dicha perspectiva es un tema central en las investigaciones, tanto desde el punto de vista de la sociología como desde la psicología o la economía (Dema Moreno, 2008). La inclusión de la perspectiva de género es fundamental ya que permite revisar, develar, reclamar las diferentes oportunidades que tienen mujeres, hombres, transexuales, transgéneros y travestis, las inequidades en las interrelaciones existentes entre ellas, ellos, elles y los distintos papeles que socialmente se les asignan.
Respecto a los nuevos movimientos sociales no existe acuerdo sobre una definición. Numerosos autores han coincidido en señalar que existen dos problemas básicos a la hora de abordar el tema de la acción colectiva. En primer lugar su complejidad, derivada en gran medida de su enorme heterogeneidad puesto que, en la categoría de movimientos sociales, podemos encontrar movimientos muy dispares. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta el desacuerdo existente sobre el significado del concepto, el carácter polisémico del término (Laraña, 1999), ya que las dificultades para su acotación “derivan tanto de la diversidad de objetivos de tales movimientos como de la misma dificultad para establecer las fronteras entre ellos y otras formas de acción política”5.
“No existe unanimidad ni en la percepción, ni en los contenidos, ni en las perspectivas, ni en los significados que implica el escurridizo término de movimiento social. Pero quizá la mejor estrategia posible, a la hora de abordar la ardua tarea de delimitarlo, sea apuntar criterios amplios para luego ir adaptándolos a la variedad de movimientos y perspectivas. Así, Castells considera a los movimientos “como las acciones colectivas conscientes cuyo impacto, tanto en caso de victoria como de derrota, transforma los valores y las instituciones de la sociedad” (Santamarina Campos, 2008), e Ibarra y Tejerina apuntan que “un movimiento social es un sistema de narraciones, al mismo tiempo que un sistema de registros culturales, explicaciones y prescripciones de cómo determinados conflictos son expresados socialmente y de cómo y a través de qué medios la sociedad ha de ser reformada”6.
Una buena aproximación, señala Santamarina Campos, es la reformulación de la propuesta de Melucci que hace Laraña situándose desde una perspectiva de la reflexividad: El movimiento social se refiere a una forma de acción colectiva 1) que apela a la solidaridad para promover o impedir cambios sociales; 2) cuya existencia es en sí misma una forma de percibir la realidad, ya que vuelve controvertido un aspecto de ésta que antes era aceptado como normativo; 3) que implica una ruptura de los límites del sistema normativo y relaciones sociales en el que se desarrolla su acción; 4) que tiene capacidad para producir nuevas normas y legitimaciones en la sociedad 7. “Por último cabe decir que, aun con todas estas divergencias, en una cosa sí parece existir cierta unanimidad: en el reconocimiento del papel que estos movimientos pueden tener como transformadores de la realidad social, aunque a veces este papel haya sido sobrevalorado. Así, parece haber consenso a la hora de señalar que los movimientos sociales suponen tanto un fortalecimiento del espacio público como una revitalización de la sociedad civil 8”. Más allá de las disputas conceptuales, interesa recuperar el escenario de los movimientos sociales en el presente como un lugar privilegiado para el diálogo y como un espacio para la re-creación. Es preciso destacar que la perspectiva de los movimientos sociales nos traslada al escenario de la definición de la realidad, a la esfera de la (re)producción de sentidos y a la pluralidad como marco analítico de lo posible.
En este sentido, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) forman parte de estos nuevos movimientos. Según la ONU, “una organización no gubernamental es cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o internacional. Con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común, las ONG realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los Gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la comunidad. Proveen de análisis y experiencia, sirven como mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la supervisión e implementación de acuerdos internacionales. Algunas están organizadas sobre temas específicos”(ONU, 2019).
No hay trato con la trata
Los críticos al “movimientismo” afirman que los nuevos movimientos sociales en América Latina presentan grietas: parten de la población sin recursos; luchan por el reconocimiento de los derechos básicos y demandas sectoriales que “encapsulan” la especificidad del grupo para salvaguardar su identidad; sus luchas son coyunturales; los grupos presentan labilidad frente a la cooptación gubernamental; se suscitan tensiones entre la base asambleísta, la acción directa frente a la centralización de las decisiones y la delegación de representación (Barriga, 2012).
A pesar de estas dificultades, los organismos del tercer sector surgen con mucho esfuerzo y compromiso para hacerse cargo de lo que el Estado no quiere ver ni asumir. Tal es el caso de la Asociación Civil “Mujeres en Actividad” de Santa Fe, cuya fundadora es Elena Moncada, quien se define como sobreviviente de prostitución y militante feminista. Esta organización aborda la problemática trata con fines de explotación sexual.
Junto a esta Asociación, la Facultad de Trabajo Social de la UNER, el Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos y la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, presentaron el Proyecto de Extensión “No hay trato con la trata” en la convocatoria de Proyectos de Extensión del Ministerio de Educación de la Nación (2016), resultando seleccionado (ejecución en el año 2017). La propuesta se enmarcó en la posición abolicionista que sostiene Argentina. El Estado argentino prohibe y penaliza el proxenetismo, castiga a quien se beneficia de la prostitución ajena, pero no a quien se encuentra en situación de prostitución. En otros países está prohibida la prostitución y la pena recae tanto sobre quien se desempeña como proxeneta que promueve o se beneficia con ella, como sobre quien la ejerce. En los países reglamentaristas la prostitución está regulada y controlada a través de normativas e instituciones especiales.
Entre Ríos se ubica como uno de los eslabones más importantes en la cadena de explotación sexual de personas en el país. En el año 2008 se logró el cierre de los prostíbulos y de los denominados locales bailables o whiskerías, quedando 52 en dicho año, hasta que luego se clausuraron definitivamente. La lucha continua hasta el día de hoy por cerrar lugares que se presentan de otras maneras, disfrazando las situaciones de explotación sexual que aún se sostienen.
Las redes de trata mutan, no se van. Según el Informe 2018 de Denuncias recibidas a través de la línea 145 sobre trata de personas de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) que depende del Ministerio Público Fiscal, durante los años 2016 y 2017, en la Linea Telefónica 145 receptaron 4296 denuncias. De ese total, casi el 40%, fueron por trata sexual.
Las imputaciones en este punto son absolutamente heterogéneas. Al realizar las denuncias, las personas no suelen identificar a personas concretas, sino que utilizan expresiones genéricas tales como “la policía”, “determinada comisaría”, “la municipalidad”, “los jueces”, “vínculos con la política”, “un policía de tal comisaría”, entre otras. En otros casos, la información recibida es de mejor calidad y proyecta una investigación con perspectivas de eficacia más altas (Informe 2015: 15).
Las denuncias que expresan una posible situación de explotación sexual se orientan en el 55,2% de los casos a manifestar la existencia de “prostíbulos”, “privados”, “whiskerías”, “locales nocturnos”, “bares” y/o “pubs”; los “domicilios particulares” (25%), seguido por la “prostitución callejera” (13,5%). En este sentido, se puede esbozar una idea sobre cómo la sociedad percibe la trata sexual en relación con la práctica prostibularia y la existencia del prostíbulo -en sus distintas denominaciones como centro de explotación sexual de mujeres.
En el ranking de provincias con mayor cantidad denuncias, Entre Ríos figura en el séptimo lugar, según especifica el trabajo AMMAR (Mujeres Meretrices de Argentina), en el año 2015 registró 4000 mujeres entrerrianas en situación de prostitución; y advierte el progresivo aumento de dicha cifra. Entre Ríos tiene una ubicación geográfica que es favorable a estas redes de mafia. La provincia tiene puntos muy calientes, como los pasos de frontera, por ser ruta Mercosur, que facilita el traslado de la trata externa. El túnel subfluvial es el corredor por excelencia en lo que respecta al traslado de mujeres o adolescentes por la conexión Paraná-Santa Fe.
La magnitud real de esta problemática se desconoce, ya que al ser un delito que se comete en la clandestinidad, es muy poco denunciado, y en muchos casos, ni si quiera es percibido como tal. La cultura patriarcal justifica y naturaliza la explotación sexual y la invisibiliza.
El Proyecto de Extensión “No hay trato con la trata” buscó colocar el tema públicamente como un problema social, económico y cultural en Entre Ríos, a los fines de sensibilizar, concientizar y comprometer a la ciudadanía, organismos e instituciones de la provincia en la lucha por una vida libre de violencias. Consistió en una propuesta cultural, mediante la presentación de la Obra Elena, a cargo de la artista Mariel Rosciano, unipersonal sobre prostitución, cuerpos, deseos y poderes, basado en la historia real de la Sra. Elena Moncada. Luego de la presentación citada, se realizaba una actividad de debate del unipersonal junto a la presentación del libro Yo elijo contar mi historia, a cargo su autora, Elena Moncada.
La realización del espectáculo, la presentación del libro y la puesta en marcha del debate, posibilitó compartir y comunicar la experiencia significativa que atravesó Elena, representativa de otras experiencias similares de víctimas de este delito. Nos acerca a la trayectoria de vida de una mujer que no pudo elegir, pero que ahora elige contar su historia.
Chejter (2013) nos invita a reflexionar “¿cómo puede una persona prostituida vivir la experiencia de explotación y luego cómo puede contarla? ¿Cómo pensarse en tanto víctima explotada en una sociedad en la que a pesar de que la explotación sexual es delito, lo considera un trabajo igual a otro?, ¿o un ejercicio de la libertad? Poder pensarse como víctima, sentirse explotada o víctima, no depende sólo de haber sufrido una situación de victimización, sino que también depende de la valoración social de esa situación que se traduce en las respuestas- explícitas o encubiertas- del entorno” 9.
Es necesario sensibilizar y concientizar a la sociedad en cuanto al impacto que la vida prostitucional tiene para las personas prostituidas. Todas las esferas de su vida son afectadas y se produce un daño radical en tanto se lesiona la libertad e integridad personal. En la sociedad patriarcal en que vivimos, estamos muy lejos del reconocimiento de los impactos que la vida prostibularia tiene en la subjetividad de las víctimas y en la vulneración de sus derechos. El fenómeno prostibulario es multidimensional, por lo que es necesario comprenderlo en clave que inserte las prácticas prostituyentes en el marco de las relaciones sociales patriarcales hegemónicas en las que éstas tienen lugar. Cuando hablamos de prostitución, hacemos referencia a un sistema organizado, lucrativo, de explotación sexual, que disciplina y organiza la disponibilidad de personas, mujeres, adolescentes y niñas/os en su mayoría; para su uso sexual por otro sector de la sociedad, mayoritariamente varones.
La puesta en marcha del proyecto de extensión mediante la realización del espectáculo, la presentación del libro y el debate, posibilitó compartir y comunicar la experiencia de vida de Elena. Este espacio se nutrió no sólo mediante la participación de las personas que asistieron a ver la obra, sino también con la posibilidad de reflexionar y problematizar la temática en el marco del debate propuesto.
Se realizaron ocho presentaciones en la provincia. En Paraná se desarrolló en el Teatro 3 de Febrero y en la Cárcel de Mujeres, en Concordia, en Federal y en Crespo en el Teatro Municipal, en Concepción del Uruguay en el Salón Scelzi y en Viale en el Salón de una escuela primaria. Las presentaciones tuvieron como objetivo sensibilizar y concientizar a las personas que asistieron al espectáculo, difundir y visibilizar la problemática, derribar mitos en torno al tema, a partir de la presentación de la actividad cultural y de brindar un espacio de reflexión e información del tema en el espacio de debate. A su vez, las presentaciones posibilitaron coordinar acciones en conjunto con organismos e instituciones de Entre Ríos y Santa Fe, como así también sensibilizar e instalar el debate en torno a la temática. La Facultad de Trabajo Social de la UNER, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación Civil Mujeres en Actividad aunaron esfuerzos en esta propuesta de extensión, mediante la organización de las presentaciones como acción conjunta.
Vivimos en una sociedad que admite, tolera, no cuestiona y hasta celebra la prostitución, en contextos sociales, económicos y culturales que se traducen en desamparos y vulneración de derechos de las personas explotadas sexualmente (Chejter, 2013). Desanclar la invisibilización y garantizar el acceso a justicia de personas en situación de trata es una obligación del estado, lamentablemente una deuda social aún que hay que denunciar y acompañar como sociedad.
*Este artículo se realizó en el marco del Proyecto de Extensión “No hay trato con la trata” de la Facultad de Trabajo Social, que se ejecutó en el año 2017, junto con la Asociación Civil «Mujeres en Actividad» de Santa Fe, el Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos y la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia. Tuvo por objetivo promover la sensibilización, concientización e involucramiento de la ciudadanía, organismos e instituciones de Entre Ríos en torno a la temática.
**Lic. y Mgr. en Trabajo Social. Doctoranda del Doctorado en Ciencias Sociales UNER. Docente, extensionista e investigadora de la Facultad de Trabajo Social – UNER. Integrante de la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial de Ente Ríos.
Citas
1 Ansaldi y Giordano, 2012: 615.
2 Ansaldi y Giordano, 2012: 615.
3 Ansaldi y Giordano, 2012: 622.
4 Santamarina Campos, 2008.
5 Pérez Ledesma, 1994:58, citado en Santamarina Campos, 2008.
6 Santamarina Campos, 2008:12.
7 Santamarina Campos, 2008: 127.
8 Tejerina, 1998: 18
9 Chejter, 2013: 64
Bibliografía
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