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Los ‘héroes’ en bicicleta: entre la precarización y la pandemia

Che Ale

Por Jorge Duarte* | Ilustración: Alejandra Andreone | Intervención: Andrea Sosa Alfonzo

La crisis global expuso la precarización del mercado de trabajo argentino y la situación de vulnerabilidad que viven millones de asalariados. La merma en los ingresos y la imposibilidad de aislarse marcó, en gran medida, su realidad. Los más de 160 mil trabajadores de las aplicaciones móviles se convirtieron en la conexión con “el afuera” de muchos. Los “héroes” en bicicleta y sin poderes que reclaman medidas de protección.

 

El parate económico global producto de la pandemia de Coronavirus tiene un inmediato impacto en el mercado de trabajo. Alrededor del mundo se están destruyendo millones de empleos y, como efecto dominó, caen industrias y comercios. Las pérdidas de horas trabajadas se cuentan por decenas de millones en estudios que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace circular semana a semana entre los especialistas. Los gobiernos se debaten entre laissez faire, la ayuda para sostener los puestos de trabajo y la estatización. Incluso algunos ya exploran todo eso junto.

Argentina no es ni será la excepción a esa realidad. En lo que se perfila como la crisis más importante de la historia reciente de la humanidad, habrá que tomar decisiones trascendentales frente al cierre de empresas, la suba de la desocupación, el crecimiento de la subocupación, la destrucción de los ingresos de las mayorías y el aumento de la vulnerabilidad. Toda una prueba de fuego para testear la capacidad del peronismo en el Gobierno de poner al Estado como motor de una economía que quedará en uno de sus pisos históricos.

Sin embargo, el país arriba a esta crisis en condiciones particulares, con un mercado de trabajo fragmentado y altamente precarizado. De hecho esa cuestión, que tiene tintes estructurales, fue la tendencia que se profundizó en toda la gestión de Cambiemos, la cual se caracterizó por destruir el empleo formal y con derechos, para reemplazarlo, en el mejor de los casos, por empleos informales y sin protección, o por mero cuentapropismo. Todo esto bajo el paraguas general de bajas remuneraciones. Ese proceso no fue gratuito. Estuvo acompañado por un deterioro progresivo de los ingresos y de la participación de las remuneraciones en el valor de producción: de quedarse con el 51,8% de la “torta” en 2016, cayó al 45,7% en 2019.

Si tenemos en cuenta el empleo informal, las trabajadoras de casas particulares (4 de cada 5 están “en negro”), los monotributistas sociales, los/as monotributistas de diversas categorías y la clase no asalariada, tenemos un universo de más de 7 millones de personas que el 17 de marzo, día en el que inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se quedaron sin ingresos.

Esa aproximación se confirmó semanas más tarde cuando el Gobierno aprobó un plan que integraba a más de 7.8 millones de beneficiarios/as para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia. Hablando en criollo: uno de cada dos hogares en el país se quedó automáticamente sin sustento y con necesidad de asistencia estatal para poder cubrir algún gasto mínimo.

Como decíamos: una crisis global con características locales. La informalidad le suma matices propios y dramáticos a la odisea del sector asalariado argentino. Los miles y miles que migraron “del blanco al negro” en los útlimos tiempos, en su gran mayoría perdieron en el camino la cobertura de salud, tan necesaria en este contexto de emergencia sanitaria, y también la posibilidad de tener el acceso a licencias pagas que podrían garantizar un piso de ingresos mínimos para encarar la etapa más crítica del aislamiento. De hecho para muchos no fue una opción el #QuedateEnCasa.

 

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El trasfondo de los ‘RappiHéroes’ y el mercado de trabajo precarizado en  contexto de pandemia. 

El caso testigo es el de los ahora visibilizados trabajadores de aplicaciones móviles, por algunas semanas únicos moradores de calles vacías y silenciosas de los grandes centros urbanos. Héroes para algunos medios.

Un trabajo elaborado el año pasado por CIPPEC, BID Lab, y la OIT, único exhaustivo sobre el tema en el país hasta el momento, relevó que las plataformas empleaban al 1% de los ocupados a escala nacional. Eso hasta mayo del año pasado por lo que se puede inferir que muy probablemente esa cifra haya aumentado en los últimos 12 meses. De ese conjunto de más de 160 mil trabajadores, más 60 mil estaban dedicados estrictamente al reparto. A ellos se le sumaron los que se reconvirtieron por los sucesos recientes (Uber Eats, por ejemplo). El estudio también reflejó que el 45% de ese universo no tiene aportes previsionales de ningún tipo y que menos del 10% está registrado en relación de dependencia. Precarización al palo.

Ese ejército de más de 60 mil ciclistas informales y monotributistas es el que en los últimos 24 meses encaró una serie de protestas e intentos de sindicalización, pioneros a nivel regional y mundial, que encontraron fuertes resistencias de las empresas. También se toparon con una pasividad estatal funcional a las firmas. Los gobiernos mostraron coincidencia ideológica con las denominadas economías colaborativas, o temor de intervenir en el único sector que en la práctica generaba empleo en un contexto de recesión. Toda una señal de los tiempos. A pesar de eso fundaron gremios, crearon agrupaciones y dinamizaron a los sindicatos que los tenían marginados.

En el marco de la pandemia, estos empleados sin empleadores formales ni cobertura de ART, vestidos de estricto rojo, amarillo o naranja, según el caso, se convirtieron en el nexo entre los productos y miles y miles de consumidores de las urbes. Sin chances económicas de optar por aislarse, tuvieron que exponerse al contagio y hacerse cargo de sus propias medidas de seguridad. Según los propios testimonios de los repartidores, las empresas entregaron pocos elementos sanitarios y muy tarde. Como si se tratara de un último recurso para evitar alguna acción legal por venir.

A principios de abril Rappi lanzó una campaña publicitaria para promocionar sus servicios. Ahí hablaba de sus repartidores como «RappiHéroes» de la pandemia. Horas más tarde la Asociación del Personal de Plataformas (APP), gremio ceteísta de la actividad, inscripto en el Ministerio de Trabajo en 2018, emitió un comunicado para responderle: «No somos héroes ni heroínas, queremos insumos de seguridad».

Ese mismo reclamo, entre varios otros, motivó que el 22 de abril se coordine una protesta regional de repartidores, con fuerte anclaje en Argentina. En 6 países en simultáneo pidieron ser reconocidos como trabajadores formales y ser protegidos del posible contagio de Covid-19. Mientras tanto, se espera algún tipo de regulación estatal que impida la consolidación de un status quo que eternice a una pequeña élite vinculada a las nuevas tecnologías apoyada sobre una marea de trabajadores/as con empleos poco calificados, de bajos ingresos y sin derechos laborales.


*Jorge Duarte es Lic. en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. Periodista, Director del portal InfoGremiales: infogremiales.com.ar

 

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