Por Carina Carmody y Mariela Herrera* | Fotos: María Kendziur** y Emmanuel Ferrety
Desde los derechos conquistados hasta las reivindicaciones que permearon los discursos actuales, planteamos las tensiones que enfrentan las instituciones universitarias para lograr transformaciones culturales duraderas en justicia de género.
La configuración global del siglo XXI nos enfrenta a transformaciones radicales en nuestras formas de vida. Se torna evidente que atravesamos los portales de un tiempo de cambios irreversibles. Y una de las fuerzas políticas que se recortan como protagonistas de este cambio, son los movimientos de mujeres y de disidencias. Entendemos que estos movimientos se alimentan de la incesante producción del feminismo del siglo XX, que se caracterizó por debates y conquistas innegables como el divorcio, la píldora anticonceptiva o el mejoramiento de las condiciones de acceso laboral. Sin embargo, la violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans persiste e, incluso, ha recrudecido en lo que va del nuevo siglo, adoptando formas de crueldad y sujeción inimaginables: planes de esterilización masiva, organizaciones de tráfico ilegal de personas con fines de explotación sexual, pedofilia organizada en redes criminales, aumento alarmante de los femicidios, entre otras.
A través de múltiples acciones y con importantes diferencias entre sí, las mujeres del planeta nos nucleamos alrededor de una idea: No nos callamos más en ningún lugar. Y es que el protagonismo del que hablábamos aparece a través de una potente voz, que se manifiesta en distintos espacios, intervenciones y escenarios como el Me too, Las tesis en Chile, Ni Una Menos en Argentina. Es en nuestro país, precisamente, que estas palabras de protesta y desobediencia estremecieron las calles, las plazas y los espectáculos masivos en los últimos años y se instalaron en la política. Si bien hay muchísimos ejemplos más, las consignas y colectivas que nombramos bastan para dar una idea de la potencia con que se configura este discurso, que tiene, a través de las tecnologías como, los dispositivos móviles, las redes sociales y el streaming, un alcance global. Sin embargo y al mismo tiempo, la resistencia del poder patriarcal a estas transformaciones se manifiesta mediante violentas represiones policiales, persecución mediática e indiferencia del Poder Judicial, entre otras expresiones reaccionarias como las que provienen de grupos religiosos fundamentalistas.
Victorias discursivas y reacciones conservadoras
Observamos que la persistencia de las violencias de género se enlaza con un sistema perverso de dominación que produce diferentes opresiones (físicas, psicológicas, económicas sociales, simbólicas). En este sentido, las vinculamos con las desigualdades emergentes del sistema sexo- género, esto es, una matriz social consolidada, que establece un rígido binarismo (varón-mujer) y asimila género a diferencia sexual. Pero también podemos decir que esta violencia se trama con el sistema capitalista global imperante. Es este mismo sistema, el que constituye un modo de ordenamiento social que condena a millones de pobres, inmigrantes, mujeres, niñes, adolescentes, travestis y trans, a vidas miserables y abyectas, en constante desplazamiento y movilidad descendente, procesos sobre los que se sostiene una impresionante acumulación de riqueza en manos de un puñado cada vez más pequeño de personas. Este es un punto que desde los feminismos y movimientos de mujeres y disidencias, venimos señalando: no es posible una vida libre de violencias en este sistema extractivista, construido sobre una extensa historia de esclavitud, opresiones, explotación y maltrato de les más débiles que ocurre, además, junto a un agotamiento exhaustivo del medio ambiente con el consiguiente deterioro de la vida humana y la amenaza cada vez más urgente a la supervivencia de la especie misma.
Dado que las violencias de género ilustran sobre la confluencia entre el sistema sexo-género y el modo de producción capitalista, es que podemos incluir en este análisis una amplia gama de opresiones y desigualdades, cuyas particularidades en cuanto a género se encarnan en las trayectorias vitales de mujeres, lesbianas, travestis, trans, niñes y jóvenes. Esas particularidades reclaman ser dimensionadas y comprendidas, por lo tanto, bajo la lupa interseccional, mediante el cruce con la clase social, etnia, edad u orientación sexual entre otros. Sin embargo, la perspectiva de género y el enfoque interseccional están relegados en el amplio tejido social, en las instituciones y en las micropolíticas, algo que debe ser puesto en cuestión ya que constituyen saberes específicos de un campo de estudios que, en la práctica, produce un parcelamiento del problema. Para decirlo más claramente: si los estudios de género y los feminismos se limitan a la producción de conocimiento para el ámbito académico y no permean los conocimientos al territorio, a las comunidades y grupas, el impacto seguirá siendo limitado. La valoración de la producción, el mérito y la “carrera académica” pueden obturar procesos democráticos y pluralistas. La producción de conocimientos no puede ignorar esta perspectiva, a riesgo de construir un saber vacío y formalizado sobre sujetas de carne y hueso que sufren día a día la injusticia y la humillación por pertenecer a la economía precarizada, al trabajo informal o a redes de explotación sexual en el marco de procesos globales de feminización de la pobreza.
Siguiendo esta línea de análisis, es necesario poner en tensión y discusión la producción de conocimientos androcéntricos, con visos coloniales. Urge afrontar la consideración de las diferencias de clase, raza y etnia que existen en nuestra sociedad y que restringen el acceso a derechos por una parte importante de la ciudadanía: acceso a la salud menstrual, atención en consejerías de diversidad y espacios físicos adecuados para garantizar el cuidado de les niñes cuando sus madres, familias transparentales, tutores o personas de cuidado estudian o trabajan en instituciones universitarias como las nuestras.
En consonancia con lo mencionado, las instituciones públicas de nivel superior tienen un papel muy importante en la preservación del estado de derecho y, particularmente, la universidad argentina posee una tradición de más de cien años en ese rumbo. Y es que, en nuestro país, las universidades públicas no se sustraen de este escenario por lo que hablar de masa crítica supone un compromiso por la justicia de género. Creemos que la universidad pública tiene herramientas para garantizar la eliminación de las violencias sexistas desde una perspectiva interseccional, más si lo pensamos desde una institución que está habitada mayoritariamente por mujeres. En este sentido, el sistema universitario viene trabajando arduamente por erradicar las inequidades en materia de género hacia el interior de sus instituciones. Y esto implica partir de un paradigma inclusivo, en tienda a evitar una disociación instrumental entre el adentro y el afuera.
Creemos que el contexto ocasionado por la pandemia del COVID-19 profundizó la sujeción de los cuerpos feminizados. Por un lado, los tornó invisibles por las condiciones de confiminamiento general. Con el agravante de que en esos espacios de confinamiento, recrudecen los maltratos y se silencian las injusticias. Por otro lado, los expone al mayor peligro en hospitales, escuelas, comedores comunitarios donde trabajan mujeres principalmente.
Nuestra Universidad enfrentó el desafío de preservar el agenciamiento democrático y la libre expresión y en este sentido se implementaron acciones de extensión en emergencia, proyectos de investigación, la implementación de la Ley Micaela para máximas autoridades, funcionarios/as de nuestra Universidad, así como otras líneas de trabajo con perspectiva de género. Asimismo valoramos la sanción, en el mes de octubre de 2017, por parteConsejo Superior de un Protocolo de Actuación de las Expresiones y Acciones Discriminatorias basadas en las Violencias Sexistas en el ámbito Universitario. Este instrumento que se impulsó por medio de una red desde los feminismos académicos, en distintas universidades e instituciones académicas públicas de nuestro país, se asienta en el entramado de discursos de época que dan lugar a las reinvindicaciones en pos de una justicia de género. Planteamos que es necesario continuar con el diseño e implementación de políticas concretas que contribuyan a desarrollar un ambiente libre de violencias para las mujeres y personas LGTBIQ+ y alcancen a un replanteo de las masculinidades considerándolas como parte del problema.
Denunciar la desigualdad de género es una praxis política
Los feminismos supieron desnudar el carácter estructural de estas violencias y politizar sus manifestaciones. En más de doscientos años de lucha, desde las sufragistas en adelante, no han faltado logros para enumerar. Sin embargo, estamos ante un posible retroceso de conquistas que considerábamos definitivas ante el avance de las violencias de género que, a través del accionar conservador de algunos sectores y sumado a una naturalización del ejercicio de poder de dominio masculino en la vida cotidiana, refuerzan en términos de contraofensiva la defensa de sus privilegios de género. Por todo ello, consignas como Ya no nos callamos más aparecen como un modo de expresión contemporánea de la consigna lo personal es político –adjudicada a la activista y escritora norteamericana Kate Millet– para nombrar la potencia de las narrativas de las mujeres para resistir la apropiación de los cuerpos y de sus vidas. Y es que el ámbito doméstico se caracterizó siempre por el silencio: rodeadas de esas paredes, agobiadas por los trabajos repetitivos y monótonos de la casa, compelidas a atender a la pareja y el marido, las mujeres fueron construidas a partir del mandato de silencio. Se consideraba que lo doméstico era tan nimio que no tenía espesor político. Esto es paradójico porque es el ámbito donde ocurre el trabajo más importante, que es el de sostener la vida humana.
En cuanto a las desigualdades de género, resulta pués necesario desnaturalizar la asignación de los cuidados a las feminidades, y reconocer que se trata de trabajo doméstico y de cuidados, familiares y comunitarios. Estos constituyen la base de la organización social de sostenimiento de la vida sobre la que se monta el sistema capitalista, patriarcal y capacitista que la sofoca. Desmontar los binarismos opresivos (varón-mujer; privado-público; sexo débil-sexo fuerte) permite visibilizar también la responsabilidad del Poder Judicial que desoye demandas, que no actúa con celeridad, que burocratiza las denuncias transformando la vida de las personas en expedientes sin rostros, sin historias, descontextualizados, y que además, delega y remite a las “víctimas” la tarea de su propia protección.
Por todo ello, la declamación de derechos y de políticas públicas resulta puramente retórica si no hay redistribución de la riqueza social, si no hay asignación de recursos, si no hay garantías de la materialidad para la vida cotidiana y accesibilidad real a tales derechos y políticas de reparación. El sostén de las prácticas discursivas basadas en un «como si» se estuviera actuando sobre la realidad, muestran una ausencia en el campo de contención de la violencia. Basta ver el incremento de feminicidios y travesticidios para darnos cuenta que se requieren prácticas políticas más efectivas y cambios culturales más amplios.La ocupación feminista del espacio público y de las calles con la urgencia de estar “hartas de contar muertas” resulta un ejercicio político muy desgastante. Tengamos en cuenta que, aunque contamos con leyes que consagran una serie de derechos y garantías para mujeres y personas LGTBIQ+, encarnar su práctica es una tarea cotidiana que involucra a los tres poderes del Estado, la sociedad civil y las organizaciones e instituciones que la componen, así como el compromiso comunitario por una cultura más tolerante en la que todes podamos vivir una vida digna.
Este horizonte de derechos que la democracia tiene que garantizar, también incluye la soberanía de las mujeres y cuerpos gestantes sobre sus propias decisiones. La reciente legalización de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) consistió en una victoria que también fue trazada a través de las narrativas urgentes de las vivencias frente a las violencias patriarcales: mujeres presas o muertas por abortar, persecusiones, dibujaron el paisaje de una auténtica caza de brujas. Por ello su cumplimiento en el territorio nacional, es clave para transformar el acceso a las libertades y autonomías de las mujeres y personas con capacidad de gestar, para que las próximas generaciones puedan vivir sin persecusiones ni castigos por razón de género. En este sentido, las universidades públicas tienen grandes desafíos en cuanto al diseño de las currículas de carreras vinculadas directamente con la garantía de este derecho, como Medicina y Obstetricia.
Para finalizar, es imprescindible abrir estos debates que fuimos abordando a lo largo de este texto, en la Universidad. Por este motivo, desde el trabajo de investigación, docencia y extensión que realizamos en el Núcleo* observamos con atención la necesidad de construir aulas libres de discriminación y violencias; el reconocimiento de situaciones de discriminación en el acceso igualitario al ingreso de aquellos grupos oprimidos en relación a su orientación sexual e identidad de género, así como también la igualdad en el acceso a los altos cargos directivos y jerárquicos. Es nuestra tarea apuntalar el pensamiento crítico, que interpela el orden patriarcal, propiciar una Universidad en la que se revisen argumentos y prácticas que sostienen explicaciones esencialistas sobre las mujeres, que naturalizan la violencia de género, la exclusión de las disidencias sexogenéricas y la asignación generizada de los cuidados. Una Universidad donde no se naturalice el cuidado de otres como un mero problema familiar, privado y femenino, sin politizarlo y que revise las implicancias de género que supone una composición mayoritariamente identificada como femenina de su personal. En este sentido, resulta interesante pensar el diseño de políticas universitarias que atiendan las tensiones que se producen en la vida de las familias y, en mayor parte en la vida de las mujeres, entre el trabajo remunerado en la Universidad y el trabajo doméstico y de cuidado de otres.
Para terminar este artículo traemos la expresión de la teórica española Amelia Valcárcel: Nada nos han regalado y nada les debemos. Ya que hemos llegado a divisar primero, y a pisar después, la piel de la libertad, no nos vamos.
*Carina Carmody y Mariela Herrera son Coordinadoras del Núcleo FEGES. El Núcleo Feminismos, Teorías de Género y Sexualidades de la Facultad de Trabajo Social de la UNER depende del CIESP (Cetro Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos) Se constituyó en 2018 y participan docentes, investigadorxs y extensionistas que integran proyectos de investigación y/o extensión vinculados a feminismos, teorías de género y sexualidades. Sus objetivos son: articular las diferentes acciones de investigación y extensión realizadas en la Facultad en el marco del grado, posgrado y del sistema de proyectos; promover la continuidad de líneas de investigación que respondan a necesidades disciplinares y a intereses sociales; fortalecer desde la investigación los vínculos con docencia y extensión en la formación de grado y posgrado y promover un diálogo entre comunidad académica, decisores políticos y actores sociales que favorezcan la apropiación y utilización del conocimiento científico, para favorecer la elaboración de propuestas y proyectos conjuntos. Algunas de sus líneas actuales de trabajo son: trabajo de cuidados, violencia patriarcal, enfoque interseccional, discapacidad y género, empleo doméstico.
** Las fotos y las artistas que participaron de la performance, forman parte del montaje en producción audiovisual «Sitio». Artistas: Verónica Villarraza, Antonela Girard, María Kendziur, Milagros Fernández, María Elena Vázquez, María José Pacayut Klein, Marcela Acosta. Las fotos y tomas de audiovisual son de María Kendziur y Emmanuel Ferretty.
Este artículo forma parte del Dossier «La potencia de nombrarnos. Feminismos, politización y diálogos» RIBERAS, junio 2021.