Repensar la inseguridad desde sus paradojas

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Por Patricia Elizabeth Scarponetti* | Fotos: Ignacio Yuchark y Gala Abramovich

Diversas investigaciones en los últimos años han demostrado que la performativa mediática- política de pensar las inseguridades y violencias desde el marco del control policial en desmedro del alto índice de violencias institucionales de un Estado ausente cuyo accionar selectivo estigmatiza a los sectores vulnerables, pervierte su función de integrador social y amenaza con la capacidad simbólica y material de la administración de justicia.

 

El peso agudo en la agenda pública continental del par inseguridad/crecimiento delictivo, en donde “el accionar delictivo funciona como una red”, me condujo hace algunos años a elucidar cómo ciertas interpretaciones se configuraban en estrategias discursivas apelativas del miedo al otro, metiendo una cuña que lentamente nos iba volviendo extraños entre nosotros. Sobre todo porque dicha categoría se convirtió en una especie de “atrápalo todo”, un gran enunciado dóxico, recurrente frente a determinados acontecimientos que desplazaba a otras preocupaciones sociales.  Si bien su origen tuvo influencias internacionales, tal como lo fue la cruzada antiterrorista iniciada por George Bush después de 2001, la demanda contra la inseguridad delictiva tramó su convergencia con una nueva racionalidad gubernamental, destacada por sus múltiples violencias al desarticular derechos sociales de larga data, cuyas consecuencias más destructivas se visibilizaron en el aumento del desempleo, las pobrezas y la creciente desigualdad social.

En el país, “esta agenda” alcanzó niveles sensibles por su conexión a una doble matriz ya que si por un lado puede pensarse el giro democrático de mediados de los ochenta al conjuro del nunca más, por otro, el consenso social sobre los derechos humanos construyó la pretensión para incidir en los altos niveles de impunidad -militar y policial- del pasado/futuro argentino. En tal contexto, parte de estos años los he dedicado a indagar qué cambiaba en el imaginario social argentino de esa sociedad pensada desde el miedo y las violencias.

Un sin número de cientistas sociales interpretaron “los temores sociales” enhebrando las relaciones de sus dimensiones de diversos modos; una, posiblemente común fue aquella ligada a la ausencia estatal como “garantía simbólica de protección”; indicativa de macro tendencias hacia una des-responsabilidad estatal y de una mayor responsabilidad de los ciudadanos, constituyendo una paradoja ya que mientras mayor era el activismo civil que detonaba en contra de la impunidad, más parecía acentuarse la violencia institucional del Estado, volviendo al distrato y a la discrecionalidad un acto permanente. Como pensara Fernando Ulloa hace muchos años, una cultura de la mortificación.

Coyunturas del difícil tránsito de estos años, en las cuales es posible pensar que estamos ante un orden social en cual todos los días se quiebra el equilibrio de sus fuerzas normativas y simbólicas, conducente de una violencia institucional que finamente corroe lo que las múltiples luchas por los derechos han podido consolidar. Violencia institucional a la cual se adosa estratégicamente un populismo punitivo que expande las fronteras de las diferencias con especial persecución policial a los habitantes de barrios pobres, especialmente a los varones jóvenes que los habitan.

Reconocido el accionar como gatillo fácil, la violencia institucional se construyó como “categoría política local” a partir de ligarse con casos que tales como la masacre de Ingeniero Bunge en 1987, activó la incipiente democratización en la continuidad de  violaciones de los derechos humanos. El concepto fue definido a partir de hechos “extraordinarios” como especificara tales como en los sucesivos casos desde los asesinatos de María S. Morales y Walter Bulacio hasta el acontecimiento del caso Blumberg alcanzando un estado de situación expansivo nacional. Sin embargo, con posterioridad se amplificaba para dar cuenta de la ausencia de Estado o de las violencias de quienes ofician en su nombre.

Perelman ha destacado la correlación de la violencia institucional con distintas “olas de inseguridad”, indicada por el aumento sostenido de encarcelamientos y el consecuente hacinamiento carcelario con abuso de prisión preventiva;  en el mismo abuso institucional pueden listarse las prácticas policiales de detenciones sin orden judicial de personas “sospechosas” por averiguación de antecedentes, bajo el amparo de los códigos de faltas. Pero la violencia institucional pesa además en diversas vulnerabilidades de derechos derivadas de las desigualdades, en especial de la violencia de género, en instancias institucionales estatales que fueron creadas para atender dichas violencias, pos ratificación de tratados internacionales. La violencia moral hacia las mujeres definida como aquella violencia que “envuelve toda agresión emocional aunque no sea consciente ni deliberada”, acentuada por el género, la clase y la etnia, hacen en la cotidianidad que las coacciones de orden psicológico se convierten en experiencias de todas, constituyendo una forma de control y opresión social que por su sutileza, omnipresencia y carácter difuso logran una eficacia mayor, extendida en las mujeres de todas las clases sociales.

Esta usina de discursos políticos y técnicos sobre el delito conjuntamente con un uso retórico mediante distintas reingenierías organizacionales del Estado efectuadas cada vez que suscribía algún nuevo pacto de Derechos Humanos, se amplificada por los medios de comunicación. De modo que “las violencias” de la in/seguridad delictiva, fuera controlada por las agencias policiales con un débil por no decir ausente control judicial aunque esto signifique el aumento del gatillo fácil; como se reiteraba en los casos de la Patagonia mapuche con Rafael Nahuel. Tal como fuera advertido por Souza Santos la expansión del Estado no se produce en una dimensión material  -mayor producción de servicios y bienes- sino por una mayor expansión simbólica, traducida en “una producción extendida de símbolos e ideas implantados en el imaginario social”, que tratando de recrear en la comunidad un sentimiento de respuesta a sus inquietudes, lo que sucede en realidad es una lógica inversa. En igual sentido especificó Neves  que la dimensión simbólica de los derechos humanos implica un desplazamiento de sentido hacia otra esfera de significaciones, promoviendo un uso retórico cuyo valor simbólico decrece de modo paradójico.

Doblemente mediatizada “la realidad” ya no era una percepción directa, sino una construcción mediática recreada a partir de interpretaciones disimiles de “las pruebas” que como predice el refrán popular “a río está revuelto, ganancia de  pescadores”; porque al igual que sucede con el rumor, se impone una escasa  cuando no ausente verdad que intenta dibujarse con algunas de sus aristas fácticas. Mediada por un promotor visible pero invisibilizado a la conciencia cotidiana, se recurre a distintos formatos de la mediatización cultural: noticieros, programas de tratamientos policiales, novelas, películas, series televisivas y prensa escrita, todos constituidos en un arsenal poderoso de sentidos, que junta lo aberrante con el terror, en una franca frontera que delimita un mundo de vida de miedo. Así resulta un clásico de la comunicación mediática el análisis casuístico de las relaciones que asocian pobreza y delito, de las cuales se desprende una “supuesta” cuantificación creciente de sensaciones de inseguridad que apela a la ciudadanía en aquello que la desintegra socialmente, favoreciendo la reinstalación del miedo al otro, promoviendo discriminaciones y actitudes xenofóbicas.

En estas noticias no figuran los contratos de créditos engañosos con sus intereses usurarios por mora, la evasión impositiva ni los estafadores legales de cuello blanco[1] La violencia se prefabrica en las corridas por el hurto y los robos a la propiedad. Coopera a estas construcciones lo que hace algunos años he denominado la estadística mediática del goteo que como una canilla en mal estado “naturaliza el goteo del caso”, pasa a tenerse como “un caso de” mediante la operación metafórica de lo singular  que configura ese efecto performativo del acto mismo de nombrar. El exceso de realidad fáctica del goteo diario del mismo hecho, trasmitido varias veces por diversos canales de comunicación y por varios días, apela al nivel retórico, dramatizado y argumentado desde el sensacionalismo anecdótico de la vida privada de quienes estén implicados en el evento.

Puestos en relación con esta performativa mediática y política de las violencias, nos parapetamos en reacciones prefabricadas. Es como si las violencias actuales no tuvieran una génesis más que epocal, un quién/es inmediato. Se trata de un sujeto, de esos sujetos, el más malo de los malos, caracterizados por lo general por la pertenencia una clase de un territorio abandonado y sin Estado en los márgenes de las ciudades; No se presenta en las noticias con igual repitencia ni se arguye en el discurso político con la misma vehemencia sobre la violencia institucional o lo que la población soporta del Estado ausente: territorios anegados, polución de basurales rodeados de barrios periféricos, sin servicios cloacales ni de agua y con calles que se inundan ante una sudestada; las largas esperas en los hospitales públicos sin recursos, sin guarderías ni escuelas secundarias cercanas como si a determinadas poblaciones, les fuera ya marcado por la ausencia de Estado, el límite de sus derechos. Así podríamos seguir con un largo listado de necesidades sociales dando cuenta del giro de selectivo del Estado frente a la casi inexistente atención de los derechos ciudadanos. Esta inseguridad atenta contra la vivencia primaria democrática.

Se puede constar que sigue aún vigente la sugerencia realizada por Fabiana Martínez que determinaba un tipo de “semiosis política” mediada por una amalgama interdiscursiva entre medios de comunicación, actores políticos y rumor popular. En esta apelación política y mediática del miedo al otro, se trata de gestar nuevos enunciados cada vez más tecnológicos sobre el monopolio de la violencia estatal. Se conforma una cadena evocativa de significaciones sociales que tramada entre el aumento de criminalidad callejera con diversas violencias intrafamiliares, vecinales y de género, provoca el aumento de miedo y la pérdida de un nosotros que muestra la responsabilidad individual del acto, sin contextualizar las dificultades de poder ser digno en determinadas condiciones de vida. El deslizamiento de sentido opera bajo un significante al cual sobrevienen otros significados y la simplicidad de la imagen, supera la complejidad de las problemáticas. Todos los días nos espera un presente pre configurado, operativo dentro del proceso de definición e identificación social de un nosotros por medio del cual ciertos significados y prácticas son acentuados, y otros son rechazados o excluidos. Esos síntomas que se muestran representan el eco de una semiosis política para romper los lazos sociales, en la amistad, en el amor, en la salud, en el trabajo, en los derechos y en la reciprocidad a ese otro, en cual el Estado debería actuar como garante de la reciprocidad y la solidaridad social. ¿Qué nos constituirá como sociedad si no?

Sería acotada esta primera afirmación si no partiéramos de considerar a los entramados institucionales como redes simbólicas tan reales para potenciar otras relaciones sociales.  En términos de comprender que a la vez que la institucionalidad se presente aún debilitada, no por ello está ausente, al contrario resulta devastadoramente mortificante. Por estas razones creo que debemos estar atentos a no ceder frente a la violencia institucional. Para proseguir con el análisis que iniciara Fernando Ulloa, aunque su disciplina me es ajena, su sentido no lo es porque:

“La tragedia, bajo la forma de encerrona trágica, es un factor epidemiológico habitual en cualquier ámbito social donde juega lo establecido (instituido) y lo cambiante (instituyente), sobre todo cuando lo primero asume la rigidez cultural propia de la mortificación, y coarta (encierra) a los sujetos (…) abarca a los seres humanos en sociedad, cuando éstos son maltratados o al menos “distratados” por esas instituciones (hospitales, colegios, administración pública, ámbitos de trabajo e incluso de esparcimiento) de las que son usuarios.(…) Ocurre que la mayoría de las veces las encerronas trágicas, precisamente por estar encerradas en los límites del sujeto coartado, no hacen demasiado ruido. Suelen ser silenciosos los sufrimientos de aquellos que para vivir, sostener a los suyos,–todo esto sin nombrar situaciones más encarnadas del sufrimiento– dependen con frecuencia de un ámbito, un sistema, tal vez una persona, que los maltrata. El sujeto queda a merced, para alcanzar sus fines, de algo que lo rechaza y que a su vez él repudia, siempre y cuando no haya claudicado en sometimiento. Un maltrato en general anónimo, que no habrá de reparar en la condición de la víctima. Puede ser que también resulten víctimas algunos de los ejecutantes de ese maltrato, degradados a la condición de verdugos, como precio de su pertenencia institucional, al aproximar la obediencia debida y sus posibles canalladas.”[2]

 


 

*Dra. Patricia Elizabeth Scarponetti, especialista en Sociología Política por el Programa Multidisciplinario de Formación para Doctores en Ciencia Sociales, CEA-UNC, 2005, Dirigió la Maestría en Sociología Centro de Estudios Avanzados, CEA-UNC, 2012-2018, y se desempeña como Profesora Titular a cargo de la materia Sociología Jurídica de la Carrera de Abogacía, UNC, Córdoba. Desde  2016 dirige el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María.


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Ulloa Fernando (1995) Novela clínica psicoanalítica. Buenos Aires: Paidós. Prefacio I.

 

[1] En la investigación realizada sobre la megacausa del Registro de la Propiedad pudimos observar que este delito que expuso en diversos juicios por más de una década a funcionarios y empleados del registro así como actores políticos, empresarios desarrollistas, escribanos, abogados, profesores y contadores, no ocupó la visibilidad y repetición en las noticias policiales del mismo modo que otros delitos comunes contra la propiedad. En Scarponetti P., Schaigorodsky E. (2015) “Los ilegales actores en red del desarrollismo cordobés. Aproximaciones a la Megacausa del Registro de la Propiedad en Córdoba”. “II Congreso Latinoamericano “Delito y Sociedad”. 10-12/12/2015, FCJS- Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Veáse al respecto Antonella Comba (2019)La invisibilización de la evasión de impuestos en el agro cordobés: tres técnicas de inmuno-ocultamiento”.

[2]Ulloa Fernando (1995) Novela clínica psicoanalítica. Buenos Aires: Paidós. Prefacio I.

 

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