A las políticas públicas se les exige una nueva mirada sobre Universidad y trayectorias docentes y estudiantiles. El derecho a la educación integra un campo de batalla donde la democratización universitaria instala la pregunta por la transformación social.
Por Anabella Lucardi, Natalia Peluso y Sofía Tezza* | Fotos: Sub Cooperativa de Fotógrafos, M.A.F.I.A y Colectivo Manifiesto
El proceso de expansión universitaria en nuestro país atravesó, desde su inicio hasta nuestros días, diversas etapas que caracterizamos como “oleadas expansivas” y que tuvieron distintos sentidos y muy diversos objetivos. La primera de ellas, asociada con el “Plan Taquini”, tuvo como fin la desconcentración de los grandes núcleos estudiantiles que resultaban problemáticos para el régimen militar. De este modo, entre los años 1971 y 1973 se crearon trece instituciones educativas y tres más hasta 1980. La segunda etapa expansiva del sistema se produjo durante la década de los noventa y se concentró principalmente en la Provincia de Buenos Aires, donde se emplazaron seis de las nueve universidades fundadas durante el período. Esta etapa estuvo fuertemente marcada por el impacto de las recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito, cuya influencia logró la cristalización normativa de una lógica mercantilista en la educación superior con la sanción de la Ley de Educación Superior (Nº 24.521). Finalmente, a partir del 2003, asistimos a una nueva ola expansiva del sistema universitario de gestión pública que se manifestó con la creación, durante los tres períodos de gobierno del kirchnerismo, de veintitrés universidades nacionales e institutos universitarios nacionales a lo largo y a lo ancho del país.
Este último capítulo de este proceso de expansión, creemos, tiene como contexto un proceso político que concibió a la ampliación de derechos como una estrategia fundamental para la reconstrucción de la vida democrática en nuestro país. Dicho de otro modo, uno de los rasgos principales de esta expansión es que se llevó adelante de la mano de un discurso sobre la “democratización” de la Universidad presente fundamentalmente en las razones declaradas por los actores políticos que impulsaron la creación de las nuevas universidades en todo el país y que se plasmó también en los diversos documentos fundacionales de estas instituciones. Este discurso motivó también la formulación de otras políticas en el contexto universitario, y por dicho motivo creemos que caracterizó en general a las políticas públicas de los gobiernos kirchneristas relacionadas con la educación universitaria.
Los debates en torno a la democratización de la Universidad se han llevado gran cantidad de artículos, libros y tesis en los últimos años. De la mano de la expansión general del sistema, de la obligatoriedad de la educación secundaria y de la implementación de distintas políticas de redistribución del ingreso hacia los sectores más desfavorecidos, las universidades vieron llenarse sus aulas de jóvenes y adultos pertenecientes a los sectores populares de nuestro país, de un modo muy fuerte en las universidades creadas en el conurbano bonaerense, pero también en el interior del país. Ahora bien, sin que todavía haya un consenso generalizado sobre cómo apreciar, medir, investigar u observar esta democratización en las universidades, podemos decir que todos los especialistas postulan la democratización como una etapa superadora de la inclusión (Rinesi 2015, Unzué 2015, Chiroleu 2013). Es decir, puede haber, y de hecho hubo y hay, en nuestras universidades, inclusión, sin que eso dé cuenta de una profunda y verdadera democratización del sistema universitario en general y de cada Universidad en particular.
Según Eduardo Rinesi, la inclusión tiene como principio la desigualdad, mientras que la democratización postularía la igualdad como principio fundamental para el ejercicio de cualquier derecho. Por supuesto, también de la Universidad, que es proclamada como derecho humano fundamental en la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias, en el año 2008 (IESALC/UNESCO 2008), que ha tenido diferentes impactos en nuestro país. El más contundente es quizás la modificación de la Ley de Educación Superior realizada en octubre 2015, que postula a la educación superior como un bien público y un derecho humano personal y social sobre el cual el Estado tiene responsabilidad indelegable.
Como decíamos más arriba, la inclusión parece ser un objetivo alcanzado: jóvenes y adultos de los sectores de menores ingresos están hoy dentro de la Universidad. Ahora bien, la pregunta parecería ser qué hacemos, hacia dónde vamos y cómo construimos una democratización que aborde las diferentes miradas al respecto: la disminución de las desigualdades sociales que postula Chiroleu, los cambios al interior del gobierno universitario y del vínculo de la Universidad con los trabajadores y el sector productivo que propone Unzué, y la idea postulada por Rinesi de que la democratización es un estado permanente de restitución, ampliación y universalización de derechos.
Panorama de la Universidad hoy. Desafíos para sostener la democratización en este contexto
De cara al presente, la Universidad tiene aún varios desafíos por superar. Por un lado, debemos continuar construyendo el complejo camino hacia las promesas de la “utopía futura” (Rinesi, 2015) de una Universidad verdaderamente democrática, comprometida con la realidad social, transformadora y abierta a la comunidad. Por otro lado, tenemos el mayor escollo: la coyuntura actual, que limita las posibilidades de concreción de proyectos que, sin el debido apoyo del Estado, difícilmente logremos concluir.
A su vez, como sostiene Boaventura de Sousa Santos (2007), las universidades se encuentran atravesadas por una serie de crisis a nivel mundial, producto de las contradicciones entre las viejas y las nuevas estructuras. Mantenemos lógicas mercantilistas, de eficiencia y evaluación, y al mismo tiempo seguimos buscando la libertad de pensamiento, la participación estudiantil, la autonomía y la integralidad entre formación, investigación y extensión. Los universitarios muchas veces padecemos de una especie de bipolarismo que no termina de definir nuestras propias prácticas.
Desde las universidades proclamamos, en nuestros estatutos, la igualdad de oportunidades para los estudiantes, la inclusión, la democratización y el derecho a la Universidad, lo cual se destaca tanto en nuestros discursos como en nuestros marcos normativos. Sin embargo, al mismo tiempo, expulsamos a los estudiantes con mayores inconvenientes en sus aprendizajes porque “no les da”, “no alcanzan el nivel mínimo para estar en la Universidad”, y los responsabilizamos de sus faltas sin considerar que el fracaso es nuestro, que todavía no sabemos cómo mejorar nuestras formas de enseñar para que todos tengan el “derecho a estar” en la Universidad.
Por ello, las universidades y el Estado deben seguir impulsando medidas para fortalecer la democratización educativa, profundizando las políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones con las que los estudiantes arriban a las universidades. Consideramos negativa la situación actual, al observar una visible retracción de las políticas tendientes a mejorar tanto la calidad de vida de los estudiantes como la de los docentes. Ahora más que nunca, la construcción de una Universidad como derecho está en nuestras manos, en nuestras prácticas de todos los días, en seguir dando la batalla para seguir haciendo posible “la utopía futura” en cada paso del presente.
*Anabella Lucardi es Abogada (UBA), maestranda en administración y políticas públicas (UdeSA). Docente investigadora UNDAV. Natalia Peluso es Licenciada en Ciencias de la Educación, becaria doctoral en educación (FFyL-UBA), investigadora Appeal-FFyLL-UBA. Sofía Tezza es Politóloga, especialista en investigación educativa (UNLa), Doctoranda en Educación (Programa Interuniversitario Doctorado en Educación, UNTREF/UNSAM/UNLa), Docente investigadora UNLa. Las autoras integran el equipo del Proyecto ‘Derecho a la Universidad y democratización universitaria’, dirigido por Eduardo Rinesi, en el Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento.