Por Alicia González Alarcón* / Foto: Agostina Chiodi y Marina Carniglia / Ilustración: Cabro
La consolidación de la trata con fines de explotación sexual como negocio en nuestro país, produce una red que invisibiliza a la víctima mientras profundiza el entramado político-policial-judicial en el que se sostiene.
La ley 26.842 rige desde 2012 y no sólo considera delito la trata de personas sino que además precisa las penas a quién “ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.
La trata consiste entonces en el ofrecimiento, traslado, recepción o acogida de personas para ser explotadas. Nuestro interés está centrado en las mujeres, adolescentes, niñas y niños que son tratadas con fines de explotación sexual. Es este alcance de la trata, junto a la prostitución, una de las expresiones más duras de la violencia de género. En este sentido aparecen como dos caras de una misma moneda, porque ambas se constituyen en un negocio que se sustenta en generar ganancias a costa de explotar el cuerpo de quiénes han sido captados por diferentes modos para un mismo fin.
Si bien la captación más usual no es la del secuestro, que sin embargo existe, la principal forma de reclutamiento es el engaño. Para graficar cuáles son las más comunes podemos mencionar las estafas del tipo “enamoramiento romántico” con promesas de casarse o irse lejos de las familias; el mejoramiento de las condiciones de vida con trabajos de diversa índole, la empleabilidad en grandes ciudades, las tentaciones de fama en la TV, el modelaje y hasta incluso cursar estudios universitarios.
Para comprender en su magnitud este problema social debemos establecer los roles de tratantes y quitarnos la idea de la figura de los/as reclutadores/as como “malos” muy malos, pues en cambio tienen una “máscara” totalmente distinta. Se presentan ante las posibles víctimas como seductores agradables, tendientes a complacer necesidades de todo tipo donde mágicamente aparecen regalos, dinero, promesas, viajes, empleos, etc.
Por su parte, los otros tipos de tratantes son los proxenetas y los/as dueños/as de prostíbulos. Éstos ejercen poder total sobre las mujeres que han sido prostituidas y que a menudo son obligadas a su vez a reclutar a jóvenes y niñas/os convirtiéndolas en ejecutoras o partícipes del engaño. Sin embargo, no podemos dejar de aclarar que éste negocio implica redes mafiosas que cuentan con complicidades de distintos poderes. Esto quedó manifiesto en el caso emblemático de Marita Verón con la condena de los/as culpables por su secuestro y desaparición. Pero en otras situaciones, los responsables de la trata quedan subsumidos como aparentes delincuentes de baja estofa, en el caso de los visibles. Sin embargo, para que la red funcione garantizando el traslado y la acogida, existen complicidades de funcionarios policiales, judiciales, políticos, empresariales, y de todo rango o jerarquía.
Y como es propio del sistema capitalista, si hay demanda, hay ganancia. El mal llamado “cliente o usuario de servicios”, es el principal motor que sostiene este andamiaje porque es el prostituyente. Y se denomina prostituyente al que paga por sexo, al que exige el descenso de las edades: más niños/as para prostituirlos. Es también, el que se apropia del cuerpo a través del dinero, el que festeja la despedida de soltero con esos regalos y el que lleva a debutar a los adolescentes a un prostíbulo. Las excusas de estas acciones se sostienen en argumentos y representaciones sociales que profundizan sociedades machistas normativizadas en la inequidad de género. Y se cae en lugares comunes como: `son putas porque les gusta´, `ganan más que yo´, `son las mejores amigas´, `el placer es una descarga´, `quién no lo hace´, etc.
Un negocio sin fronteras
Nuestro país es un territorio de circulación de mujeres y niñas provenientes de países latinos y de Europa. Mientras que muchas argentinas son trasladadas a Italia y España, las mujeres que ingresan al país son de procedencia dominicana y paraguaya. Las zonas litoraleñas y fronterizas son centros de captación y traslados hacia ciudades alejadas. La ruptura o alejamiento de lazos familiares y/o de amistad, es parte del modo de asegurar la vulnerabilidad de la víctima. Y dicha debilidad funciona de tal modo no sólo por la condición económica de pobreza, sino también, a partir de su fragilidad emocional. Muchas veces la captación de la víctima se sostiene en la conflictividad de sus relaciones sociales. De modo que el ejercicio del poder sobre aquéllas sea total a través del aislamiento. Inclusive el maltrato del cual son objeto al embarazarlas como producto de violaciones, actúa como parte de las tareas de ablandamiento y control disciplinador.
Las medidas de persecución del delito y juzgamiento de los proxenetas recae en la máxima responsabilidad política y judicial por parte del Estado. De igual modo, los procedimientos de acompañamiento a las víctimas rescatadas, resultan un largo camino de reinserción social apenas esbozado.
Por ello, en cuanto a medidas de prevención estamos todas y todos involucrados desde cada lugar en el que nos desempeñamos: familia, empleos, profesiones, clubes, escuelas, universidades y demás. Es posible desarrollar una agudeza que destape la complicidad y también que nos coloque en condiciones de pensarnos como una sociedad no prostituyente. La negación del problema social contribuye a su invisibilidad, tanto como a la violación de los derechos elementales de quienes son explotadas/os.
*Lic. Alicia González Alarcón. Docente e investigadora. Docente Titular FTS-UNER.