Por Clara Chauvín | Fotos de portada Lucía Prieto | Interiores: Clara Chauvín
Este 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las mujeres y feminidades. En el marco de la pandemia por el coronavirus, dialogamos con dos referentes entrerrianas, Maria Alé y Carolina Comaleras, sobre cómo será la antesala del anunciado tratamiento legislativo del proyecto que garantizará el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, qué implica poner el cuerpo en los territorios y cómo llegaron al 15° aniversario de la Campaña de los pañuelos verdes.
En la lucha de los feminismos por los derechos sexuales y reproductivos, el reclamo por el aborto legal ha sido una de las principales banderas. En ese sentido, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito representa, desde hace 15 años, el principal espacio de militancia y articulación federal para reivindicar la autonomía de los cuerpos con capacidad de gestar. El activismo por el derecho a decidir tiene sus orígenes con el retorno de la democracia. Durante esos años, diferentes espacios hicieron propicio el escenario para el debate, como los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe y los Encuentros Nacionales de Mujeres. Tras un largo andar, el 14 de mayo de 2005 en una plenaria que tuvo lugar en Córdoba, 70 organizaciones provenientes de distintos puntos de la Argentina constituyeron oficialmente la Campaña Nacional. Fue el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la fecha elegida para realizar el lanzamiento en todo el país.
El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), fue tratado por primera vez en 2018 tras haber sido presentado siete veces desde el año 2007. Se logró media sanción en la Cámara de Diputados/as pero no corrió la misma suerte en el Senado. Sin embargo, las dos millones de personas que hicieron posibles las vigilias del 13 y 14 de junio y del 8 de agosto de aquel mítico año, demostraron el alcance masivo del reclamo del aborto legal como una deuda de la democracia.
Conversamos con Carolina Comaleras (*) y Maria Elena Ale (**), referentes de la Campaña en Entre Ríos, en el marco de un nuevo aniversario mientras persiste el contexto de aislamiento social por el Covid-19 y en espera del tratamiento del proyecto de IVE que hace un año fue presentado por octava vez.
–Se cumplen 15 años del inicio de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto ¿qué reflexión merecen estos años de crecimiento y militancia que desembocaron en la gran marea verde de 2018?
-Carolina Comaleras (CC): La Campaña es un hecho trascendental en la historia de nuestro país. Surge el 28 de mayo de 2005 y desde entonces ha ido construyendo con una gran capacidad y una enorme fuerza para coordinar actividades en todo la Argentina, con las consignas educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Este año no podemos hacer la celebración como quisiéramos pero eso no impide que estemos en las redes difundiendo lo que significa la Campaña, que es una articulación federal, transformadora, integrada por más de 700 organizaciones. Creo que es la articulación más importante del país por esta enorme y variada conformación y crecimiento, que además, no sólo se ve en Argentina sino que ha logrado que trascienda las fronteras. El reclamo por el derecho a decidir es hoy una bandera en toda la región latinoamericana y de Europa. Me emociona profundamente ser parte de este enorme tejido que hemos hecho.
– María Elena Ale (MAE): En el Encuentro Nacional de Mujeres de 2003, en Rosario, aparecieron los pañuelos verdes por primera vez como una forma de identificación dentro de la marcha y hoy se han convertido en un símbolo internacional de lucha. El gran logro ha sido la legitimidad del movimiento y la despenalización social del aborto. Hoy podemos hablar del tema en los medios de comunicación, en los espacios públicos, en cualquier parte. Recuerdo que hace tan sólo algunos años, las actividades de la Campaña eran cerradas porque corríamos peligro de que nos atentaran, dándonos vueltas las mesas o tirándonos los carteles. Incluso nos echaban o nos negaban la participación en distintos espacios. A fuerza de activismo y militancia, hemos podido saldar todo eso. La Campaña demostró su fuerza en el año 2018 con 2 millones de personas en las calles y esto permitió que el aborto esté en la agenda política. Cada persona con su pañuelo verde es integrante de la Campaña y eso nos enorgullece porque pasó de ser de una agrupación a ser un movimiento.
–Mientras atravesamos el contexto de pandemia ¿cuáles fueron los desafíos que se presentaron respecto al acceso a una interrupción del embarazo?
-CC: Los desafíos han sido los mismos que han existido siempre, pero con la particularidad de lo que conlleva este presente respecto a la circulación de personas, la restricción de algunos servicios de salud, los horarios de atención reducidos o la dificultad de encontrar profesionales ya que hoy están destinados a la atención de la pandemia. Pero los obstáculos, en general, siguen siendo los mismos: como encontrase con profesionales de la salud que no están de acuerdo con el aborto y tratan de manipular la decisión de mujeres, niñas y adolescentes -quienes acuden al sistema de salud en busca de ayuda-. Mientras tanto, estamos trabajando con la difusión de los lineamientos de atención definidos por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, donde se establece que la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) debe ser considerada una urgencia, y por lo tanto, es un servicio esencial que se debe brindar. La atención no puede tener dilaciones, se deben fortalecer los equipos en todo el país para una atención integral y en el menor tiempo posible.
-MAE: La Red de Socorrista tomó como decisión política acompañar más que nunca. Sabemos que la situación de encierro conlleva a hechos de violencia entonces decidimos redoblar la apuesta y estar más presentes con nuestros teléfonos. En medio de esta pandemia, el aborto debe ser un tema prioritario de atención. Y por eso, hemos logrado nuevas articulaciones con los sistemas de salud en varias provincias. Hay situaciones, por ejemplo, que no las puede tomar el Estado porque no tiene profesionales dispuestos a atender este tipo de circunstancias, ahí es donde coordinamos para que esas mujeres sean acompañadas en sus procesos y no corra riesgo su vida frente a un aborto inseguro. Se han incrementado los llamados en cuanto al año pasado y notamos que hay una mayor demanda tanto de acompañamiento como de la escucha. Nos organizamos con las compañeras, algunas atienden los teléfonos, otras coordinan con el Estado para que las mujeres tengan acceso a una ecografía o pastillas, y otras acompañan en los procesos. Principalmente, queremos evitar que realicen prácticas en las que corran riesgo de contagio de Covid-19. Con lo cual la menor permanencia en el hospital es una práctica óptima. A nivel país, ya tenemos más de 3 mil acompañamientos realizados en los días que llevamos de cuarentena.
–Hace un año se presentó el proyecto de IVE por octava vez en el Congreso de la Nación ¿cómo evaluar la presentación de un nuevo proyecto por parte del Ejecutivo Nacional?
-CC: El debate de 2018 fue muy pedagógico porque se pudo presenciar posicionamientos científicos, académicos y sanitarios para poder avalar la aprobación de la ley. También nos sirvió para escuchar barbaridades, y eso también fue muy aleccionador. Estamos esperando la presentación del proyecto del Gobierno nacional, ya que aún no conocemos el texto. Cuando el presidente hizo el anuncio de la presentación, expresó que el objetivo no era solamente despenalizarlo sino también legalizarlo. Esto implica no sólo dejar de criminalizar a las mujeres y personas gestantes que abortan, sino que el Estado garantice la práctica gratuita en el sistema de salud. Por ahora hay que esperar que se presente en el ámbito legislativo. Sin embargo, el proyecto de la Campaña está vigente y se tendrá que definir en la tarea legislativa como se abordará y qué proyecto finalmente será el que se votará o si será un mix de ambos. El proyecto de la Campaña es absolutamente integral y difícilmente pueda haber otro proyecto superador. Una vez que sea presentado el proyecto del Ejecutivo, veremos con lo que estamos o no de acuerdo.
-MAE: Como activista me incomoda muchísimo que vaya a existir otro proyecto. En una iniciativa para erradicar el hambre de las villas, no se hubiesen dejado afuera a todos los movimientos que integran los movimientos villeros, por ejemplo. O si se hace un programa económico para los productores, tampoco se los dejarían afuera. Pero en este caso hay como un hermetismo que ha tenido el Poder Ejecutivo para con las activistas que venimos hace años militando por este derecho, incluso antes de integrar la Campaña. Nadie sabe en qué consiste ése proyecto. Me parece mal que no se haya consultado ni siquiera a nuestras compañeras que son referentes. Veremos qué sucede cuando lo presenten. Entendemos que en el medio surgió este contexto de la pandemia, pero la presentación del proyecto estuvo anunciada para el 9 de marzo.
–Pensando en el contexto actual, comenzaron los encuentros de la Cátedra Libre Virtual por el Derecho al Aborto Legal que organiza la Red de Cátedras en Universidades Públicas Nacionales sobre Educación Sexual Integral y Derecho al Aborto (RUDA) ¿Cómo ha sido el papel desempeñado por las universidades públicas en el aporte al debate hacia la legalización plena del aborto?
-CC: Las universidades han abierto cátedras sobre el aborto en prácticamente todo el país. Su rol me parece central porque lo que falta es la llegada de la educación en término de derechos humanos de las mujeres. Me formé en la UBA, jamás en los años de carrera ni en los posteriores de formación dentro del sistema de salud, me brindaron información sobre el aborto como un derecho pensado en relación a la vida y la salud de las mujeres. El aborto se estudiaba como un hecho de criminalización. Es sumamente maravilloso que las universidades publicar abran estos espacios para participar, para pensar, debatir y construir.
-MAE: La universidad tiene esa característica de generar pensamiento crítico, de posibilitar algunos intercambios, que quizás, no se generan en otros ámbitos. Ha nutrido al debate, nos ha permitido corrernos de ciertos lugares simples para justificar y tener argumentos que generen conmoción social. El transitar la universidad, el activismo y la militancia, organizar charlas, le dio un vuelco a todo en torno a la libertad, al ejercicio de la ciudadanía, al cuerpo. Pudimos construir esta idea social de militar por el aborto y realizar debates y acciones también sobre la ESI y la educación laica. Es el lugar donde se pueden generar nuevas subjetividades y pensar los temas desde otra perspectiva.
–Si se logra legalizar el aborto, ¿cuáles serán a ser los nuevos retos?
-CC: Creo que vamos a tener aborto legal en el 2020 y los desafíos serán enormes. Tenemos un montón de leyes que todavía hay que seguir militándolas para que se cumplan. Vamos a necesitar muchísimo trabajo en su aplicación. Así como también, en la sensibilización y capacitación, no sólo a efectores de la salud, sino a integrantes del Poder Judicial y todas las instituciones que hoy en día ponen barreras u obstáculos. Y la militancia feminista estará para lograr todo esto porque ya no va a haber más discusión. Cuando la ley salga, se tendrá que aplicar. Y un rol fundamental que podemos tener nosotras, desde el movimiento feminista, será el monitoreo del cumplimiento. Donde veamos que hay falencias o dificultades, vamos a exigir que se cumpla la ley. Será un trabajo intenso, cotidiano y habrá que ponerlo en práctica.
-MAE: Los desafíos tienen que ver con el presente. Hoy nos encontramos con obstáculos como la objeción de conciencia y el entender las causales para garantizar la ILE, algo que ya está legislado. Hay mucha dejadez por parte de las autoridades sanitarias en cuanto a los equipos de salud que no quieren garantizar derechos. No se hace nada con las personas que no cumplen. Y hasta ahora, no ha habido denuncias o sumarios. El Estado va a tener que tomar una decisión en relación a estas cuestiones y ponerse firme. Por ejemplo, el artículo 86 del Código Penal y los protocolos ILE, hablan de un derecho que existe desde 1921, y que aún así, no se está cumpliendo. Siguen muriendo mujeres porque se les niega la atención adecuada. En las provincias del noroeste, por ejemplo, es donde más vemos actualmente una «institucionalidad» de los objetores de salud. Eso es preocupante. Por lo tanto, será una lucha de toda la sociedad. Tenemos que salir a defender este derecho para su cumplimiento efectivo, no queremos que existan leyes en los papeles y que nadie pueda acceder a ellas. Trabajar en el Estado no tiene que ser una cuestión voluntarista, se tiene que entender que hay una responsabilidad en cumplir todas las normas. El Estado debe ser ésa institución que nos garantice el acceso a todos los derechos.
(*) Carolina Comaleras es Licenciada en Obstetricia, obstétrica de guardia en el Hospital San Roque de Paraná. Actualmente colaborando con el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) y con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Integra la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.
(**) Maria Elena Alé es activista feminista. Integrante de la agrupación Dora te Escucha que forma parte de Socorristas en Red y de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná.