Eva Perón 24 - Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

03442 - 421500 riberas@uner.edu.ar

Nuestra cosecha

Copia de portada nota dia del escritor

 

Por Marcos Pereyra* | Intervenciones: Andrea Sosa Alfonzo

La historia reciente de Vicentin, una empresa centenaria santafesina, conjuga el fraude, el vaciamiento y la inestabilidad laboral de miles de trabajadores/as. Tras el escozor argentino frente a la expropiación, la estatización plantea la soberanía como respuesta al hambre. ¿Quiénes cosecharán lo propio?

 

A principios de este año, cuando el mundo se anoticiaba sobre la pandemia del COVID- 19, pocos creían que alcanzaría una dimensión global, lo que movilizó a que los decisores políticos adoptaran medidas estrictas como las que se implementó en nuestro país a través del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Si bien es una medida que ha sido efectiva en relación a la política de salud universal, también provocó un revés económico a raíz de la pausa en algunas actividades y sus efectos inmediatos fueron la retracción económica, la baja de la productividad y del consumo.

Tras la medida de alcance nacional, parte del sector empresarial tomó la decisión de suspender trabajadores/as, en algunos casos hasta con una rebaja salarial de un 25%. A la par, se implementaron nuevas lógicas productivas a escala masiva, como es el trabajo en el hogar (home office o teletrabajo). Mientras que los sectores vinculados a la alimentación, sanitario y de seguridad siguieron funcionando con normalidad con personal propio.

Servilismo mediático, lobby empresarial y parlamentarios temerosos

El mundo laboral y económico fue transformándose lentamente desde que la pandemia del COVID-19 llegó a Argentina, sin embargo el caso de Vicentin ha adquirido una relevancia acrecentada. La opinión pública y política eligieron la frase “estrés financiero” para describir la situación de una de las empresas agroexportadoras más importantes del país: el Grupo Vicentin, nacido en la década del 20 en Avellaneda, Santa Fe. En aquel entonces, surgía como una pequeña empresa familiar de acopio y ramos generales. Sin embargo, multiplicaría sus “filiales” por diversos países de América Latina durante el gobierno de Mauricio Macri. Vicentin hoy, juega un papel destacado en la producción de alimentos y exportación de cereales.

El grupo presentó la crisis de sus balances contables en los últimos meses tras vaciar la empresa desde enero de este año. Acreedores extranjeros al igual que el Estado argentino se preguntan dónde están los activos que les pertenecen, ya que la empresa había tomado deuda con entidades bancarias extranjeras y nacionales, siendo su principal acreedor el Banco Nación, así como también, deudas con productores agropecuarios proveedores de materia prima. A sabiendas de la gravedad de la situación del grupo, el 9 de junio pasado, el presidente Alberto Fernández, a través del DNU 522/20, anunció por videoconferencia la decisión de intervenir la empresa: “Estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentin para que el Estado Nacional se haga cargo”. Este DNU cumplía con el objetivo de “preservar las fuentes de empleo” frente a la situación de quiebra ya que está transitando “la convocatoria de acreedores”. Lo que ocurrió después, tal vez sea mucho más que la imposibilidad del salvataje a una empresa quebrada, sino la ruptura de los sectores sociales que habían acompañado al Gobierno durante la campaña. La prolongación del ASPO y el empeoramiento de la situación económica,  confluyeron en que hubiera mayor diálogo entre la oposición y sectores amplios de la población que rememoran el conflicto agrario de la 125 en tiempos de pandemia.

Todo lo que ocurrió previamente al anuncio del Poder Ejecutivo sintetiza el funcionamiento de esta conjugación de poderes con uno de los mercados más fuertes en la economía argentina que cuenta en la actualidad con cerca de 3 mil empleados de contrataciones directas, y 15 mil  de contrataciones indirectas. El sector oleaginoso se caracteriza por su gran capacidad de generar divisas, que en este contexto de pandemia, resultan más necesarias que nunca para solventar los problemas de la deuda externa. Frente a la situación del estrés financiero, en parte por la evolución del pasivo del holding con el Banco Nación –pasó de $150 millones a $300 millones–, los trabajadores/as de Vicentín encendieron todas las alarmas y demostraron su preocupación con algo más simple: la defensa de sus puestos de empleo y medios de subsistencia. Todo comenzó a principio de este año, cuando se reunieron con los directivos de la empresa ante la escasa información y la ausencia de respuestas desde la clase política local, que tuvo como síntesis la crónica de un fraude multimillonario al Estado argentino.  Vimos desde los medios hegemónicos el acto de hipocresía que significó la movilización en Avellaneda, el mismo día que los interventores se hicieron presente en las oficinas administrativas de la empresa, acto convocado por el intendente y los familiares de los fundadores que hablaban de una “Pueblada” en defensa de los puestos de empleos. Luego vimos este 20J la llamada a una movilización en diversos puntos del país de tinte ruralista en contra de la expropiación de la empresa, fogoneada por la línea más dura de Cambiemos, la Sociedad Rural Argentina, la CRA, CARBAP, y sectores de la Federación Agraria Argentina y CONINAGRO.

La moral del trabajo

En 2018, Vicentin decidió cerrar dos sectores (refinería y embazadora) radicados allí para re-localizarlo al sur de la provincia, donde obtendrían mayores beneficios económicos. Misma secuencia se vivió en los noventa. Los interlocutores de la movilización tuvieron como manifestantes a los trabajadores jerárquicos y asociados a la familia. Excluidos de este discurso quedaron quienes han producido la riqueza de Vicentin en todos estos años, los trabajadores aceiteros.

Vicentin, General Deheza, AFA, son aceiteras de capitales nacionales que se ubican entre las principales exportadoras. Pensar en la posibilidad de una gestión estatal desde una óptica sustentable y equitativa en el mercado agrícola, también implica pensar en un cambio de equilibrio para transformar las condiciones de negociación de la Federación Aceitera. Sin embargo la palabra transformación causa escozor en este conglomerado de poder al cual se enfrenta la gestión de Fernández. Si bien los sectores políticos locales, empresariales y algunos periodistas afirman que la empresa Vicentin cumplió con sus responsabilidades con los trabajadores/as, lo cierto es que aún les adeuda a los aceiteros parte del último incremento paritario conseguido por la FA, mientras que otros sectores laborales (hilandería) cobran un salario de hambre. El conflicto de la moral del trabajo sobre la cual los sectores sociales que salieron a manifestarse este 20J parecieran no querer detenerse, se suma a las cifras millonarias que Vicentin adeuda al Estado nacional. En este sentido, empleados de la algodonera ubicada en Reconquista que realizan tareas de hilandería y tejeduría, nucleados en AOT y SETIA, llevan adelante una medida de fuerza por salarios adeudados y denuncian abuso de autoridad, maltrato y discriminación.

Lo cierto es que la medida del presidente Fernández, que desde la política tiene un solo escalón para asumir tras los últimos episodios y es el de la audacia democrática, fue considerada por él mismo como excepcional. Desde el panorama de los derechos laborales –amen la dimensión económica y política que atraviesa el caso Vicentin– la  reacción del Gobierno nacional se encuadra dentro de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En  sus respectivos informes sobre los efectos de la pandemia sanitaria sobre el mundo del trabajo sugiere tomar las medidas necesarias para preservar los puestos de empleos y sufrir los menores daños posibles en las economías y mercados de trabajo. Siguiendo las recomendaciones de la OIT, aclara que la reactivación económica pospandemia dependerá de las decisiones de los gobiernos para prevenir efectos, cuidando la salud de los trabajadores/as y aplicando las medidas reparadoras para prevenir el desempleo. Desde el 20 de marzo, la gestión de Alberto Fernández declaró el estado de emergencia y de ASPO para toda la población argentina, pero al mismo tiempo aplicó, a través de distintos DNU, una serie de políticas públicas cuyo objetivo fue resguardar el trabajo formal: lanzó el Programa de Emergencia de Apoyo al Trabajo y a la Producción (ATP), la prohibición de los despidos sin justa causa o producto de la disminución de trabajo o causa mayor, medida que estuvo dirigida  a las Pymes; y se  dio a conocer después de Techint despida a 1.500 empleados, decidió también que parte del salario de trabajadores y trabajadoras del sector privado fuese cubierto por el Estado, además incorporó un acuerdo entre la Cámara de Comercio y el Sindicato de Comercio para la reducción de hasta un 25% de empleos suspendidos por la pandemia.

A pesar de los incesantes esfuerzos del Gobierno por mantener los puestos de trabajo en el contexto de pandemia y de las liberaciones paulatinas que se brindó a diversos sectores de la actividad productiva, los despidos llegaron igual en un año que iba a ser recesivo de por sí.  Las medidas de alcance económico y de apoyo productivo no lograron dominar un escenario de fuerte crisis donde muchas pequeñas y medianas empresas bajaron sus persianas de manera definitiva. La decisión de LATAM de presentar la salida del país con 1700 despidos –se declaró en bancarrota en EUA en las últimas horas– y quien estaba enfrentada al Gobierno nacional porque había sido sancionada por presentar un plan de mayor ajuste durante la pandemia, plantean un escenario que va más allá de la crisis que atraviesa el sector aerocomercial, uno de los más afectados a nivel global.

El proyecto que será enviado al Congreso de la Nación para la expropiación e intervención de Vicentin es tal vez –por su protagonismo como uno de los mayores defaults en la historia de Santa Fe– tan inédito como el contexto que atravesamos. Si bien el Sindicato de aceiteros de reconquista y la Federación de Aceiteros a nivel nacional se expresaron a favor de la intervención del Estado porque pone un coto a “meses de incertidumbre”, trabajadores y trabajadoras expresaron su apoyo a la intervención estatal mediante un comunicado publicado el 11 de junio pasado. Mientras tanto, queda el devenir de un “entramado societario” junto con la encrucijada de poderes ante la insistencia de la medida económica estratégica del presidente Fernández, que podría cambiar la historia de un sector de la economía hacia una mayor soberanía.

 


*Marcos Pereyra. Ciencias Políticas (UNL)

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

  • Abriue, Ramiro (2020). Evaluando las oportunidades y los límites del teletrabajo en Argentina en tiempos del COVID 19.  CIPPEC, 2020
  • Federación Aceitera (2020). Comunicado sobre “Intervención y expropiación de Vicentin”.  http://federacionaceitera.com.ar/2020/06/09/intervencion-y-expropiacion-de-vicentin/
  • Organización Internacional del Trabajo (2020). El COVID 19 y el mundo del trabajo: repercusiones y respuestas. Primer informe, 18 de marzo.
  •  Organización Internacional del Trabajo (2020). El COVID 19 y el mundo del trabajo. Estimaciones actualizadas y análisis. Segundo informe, 7 de abril.
  • Organización Internacional del Trabajo (2020). El COVID 19 y el mundo del trabajo. Estimaciones actualizadas y análisis. Tercer Informe. 29 de abril.
  • Organización Internacional del Trabajo (2020). Convenio sobre violencia y el acoso. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_747852/lang–es/index.htm

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>