Por Karen Elizabeth Catelotti* | Foto: Archivo
La disputa por la universidad ha sido en nuestra historia un campo donde se libraron numerosas batallas. Por momentos, espacio de resistencia y también catalizador de los ánimos sociales. Desde la consolidación del Estado Nación, ha tenido un lugar preponderante en los proyectos políticos, tanto democráticos como antidemocráticos en la Argentina. La universidad nunca pasó desapercibida.
Consideraciones sobre un oscurantismo que vistió más saco y corbata que uniforme militar.
Desde sus orígenes profundamente excluyentes, y luego de incansables luchas en torno a las banderas que democratizan el ingreso y permanencia, las disputas ideológicas y los debates suscitados durante los años de gobierno del peronismo histórico, así como en los años posteriores, van configurando un escenario donde la universidad tiene un papel protagónico en las luchas sociales y en la emergencia de nuevos actores, contexto al cual, no fueron ajenos quienes encabezan el golpe del 24 de Marzo de 1976. Por lo que la universidad pública es considerada un espacio clave sobre el cual es menester intervenir.
Por ello, en este período se diseña y ejecuta un proyecto de redireccionamiento de la educación superior universitaria, regido por tres puntos principales, nueva modalidad de ingreso y progresivo arancelamiento que apuntaba a la reducción del cupo de estudiantes por carrera, supresión de ciertas instituciones y carreras, consideradas peligrosas o subversivas, y depuración del personal docente y no docente de dichas instituciones en función de parámetros ideológicos.
El principal objetivo perseguido, paralelamente a la “supresión de la subversión” era el recorte integral del número de universidades y de estudiantes inscriptos. Esta política tuvo su auge entre 1976 y 1980. Año en que, a partir de la aprobación de la Ley Universitaria Nº 22.207, se comenzó a cerrar el círculo, plasmando en un instrumento normativo el proyecto que se venía ejecutando en la práctica desde la perpetración del golpe, y designando dicha ley como la definitiva normalización de las universidades públicas. En sus fundamentos se expresa de manera concreta que “se requería el dictado de una ley para erradicar totalmente el régimen universitario de la subversión” para el desarrollo del proyecto político y económico del “Proceso”.
En su artículo 4, reservado a las prohibiciones, se sostenía que “es ajena a los ámbitos universitarios toda actitud que signifique propaganda, adoctrinamiento. Proselitismo o agitación de carácter político-partidario o gremial, como asimismo la difusión o adhesión a concepciones políticas totalitarias o subversivas”, se apuntaba a un vaciamiento ideológico de la universidad, operativizado en un instrumento de legitimación la censura, persecución y represión al interior de las casas de Estudio.
Es importante resaltar que este “redireccionamiento” del sistema universitario, como sostiene Rodríguez (2014) no se llevó a cabo con las fuerzas militares ocupando las universidades, sino que tuvo como protagonistas, en la mayoría de los casos, a civiles egresados de esas mismas instituciones, insertos dentro del cuerpo docente y académico de los diferentes claustros que comulgaba con las ideas y objetivos de la dictadura, y que encabezaron el proyecto desde el gobierno de las universidades.
La educación superior universitaria estuvo a cargo de la base civil del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, sectores que estaban previamente enquistados en los claustros y que sentaron las bases del adoctrinamiento, prevaleciendo en el gobierno de las universidades, y llevando adelante lo que llamaban una “necesaria depuración de docentes y estudiantes”.
Se destaca fuertemente la impronta civil de la última dictadura en el campo universitario, sus apoyos y los sectores sociales ocultos detrás del proyecto que visiblemente encarnaba la cúpula militar. Este redireccionamiento fue el fruto de largos años de frustración, donde la universidad al democratizar el acceso, interpelaba las estructuras sociales de privilegios que tradicionalmente habían beneficiado a unos pocos. Al mismo tiempo que se libraba la batalla ideológica, encarnada en las listas interminables de cesantías de docentes y administrativos que no comulgaban con el régimen. En las disposiciones generales de la citada Ley se expresa, “el resguardo de la calidad universitaria, de la investidura profesoral, y de quienes la llevan con dignidad, requiere (…) que sea posible remover del cuerpo docente a quienes por su inconducta se hubieran de alguna manera autosegregado”.
Consecuencias de la intervención sobre las universidades en el marco social, científico y pedagógico
El desarrollo e implementación de dicha política, cimentada en el terror, significo el corrimiento de la investigación a ámbitos privados, en muchos casos no formalizados, ante el control y la persecución de la que fueron objeto docentes, investigadores y estudiantes, por lo que se precipito un vaciamiento de las universidades públicas, tendiendo a decrecer la matricula por las nuevas restricciones establecidas para el ingreso y permanencia, y el consecuente beneficio de la matrícula de las instituciones de carácter privado, ajenas al control desplegado en el ámbito público.
La relevancia otorgada a las universidades dentro del proyecto de la dictadura cívico-militar se evidencia en el porcentual de desaparecidos que corresponde a docentes y estudiantes, por lo que eran población estratégica a exterminar para poder lograr el disciplinamiento de la sociedad argentina.
En el campo pedagógico significo un fuerte retroceso, resurgiendo parámetros tradicionales vinculados a las instituciones como espacios de adoctrinamiento, funcionales a los objetivos de la Dictadura, en el caso de la educación superior esto se tradujo en una fuerte impronta excluyente e ideologizada, tendiente a reconstruir una universidad enfocada en las profesiones liberales, que refuerce la estructura de clases y los privilegios de los sectores que ostentaban el poder económico, de la mano en la rigidez y tecnocratismo en la formación.
Aun asi, cabe resaltar que existía un fuerte arraigo en la comunidad universitaria del funcionamiento de los claustros, herencia de la reforma de 1918 que se intentó suprimir, en este escenario fueron las organizaciones estudiantiles las encargadas de revalorizar y protagonizar la lucha por su sostenimiento, resignificando dichos espacios, otorgándoles centralidad y convirtiéndolos en un espacio de resistencia al vaciamiento (Seia, 2019).
La aparente desideologización de la educación universitaria significo el encubrimiento trágico del vaciamiento, desarticulando el campo científico-académico, y el advenimiento de un proceso prolifero de formación de recursos humanos que mediante la llamada “fuga de cerebros” va a terminar por generar el exilio de numerosos científicos e investigadores que ya no encontraban lugar en la argentina.
Siendo esta una etapa que ha dejado huellas hasta nuestros días, aún hoy continúa la lucha por reconstruir y repatriar a los científicos e investigadores radicados en diferentes universidades del mundo, producto de los años oscuros. Una deuda que aún la democracia no ha terminado de saldar.
*Prof. En Historia – Doctoranda en Ciencias Sociales FTS-UNER. Becaria de CONICET.
Referencias Bibliográficas.
Buchbinder, Pablo (2005) Historia de las universidades argentinas. Buenos Aires. Sudamericana.
Rodríguez, L. G. (2014). La universidad argentina durante la última dictadura: actitudes y trayectorias de los rectores civiles (1976-1983). Revista Binacional Brasil – Argentina, Universidad Estadual del Sudoeste de Bahia.
Ley Universitaria N.º 22.207/80.
Seia, G. A. (2019). La Reforma Universitaria durante la última dictadura. Entre su erradicación y su revalorización en la Universidad de Buenos Aires (1976-1983). Biblioteca del Congreso de la Nación.