Entrevista a Gabriela Diker | Por Andrea Sosa Alfonzo | Foto: Liza Taffarel | Ilustración: Alejandra Andreone | Archivo histórico: CeDinCi
Gabriela Diker aborda el legado de democratización y autonomía de la Reforma para acercar algunos interrogantes sobre el papel de la Universidad en el vínculo con los territorios, los esquemas de organización del trabajo académico y las prácticas de formación*.
-El desafío para la universidad del siglo XXI implica pensar en la universalización y democratización de la enseñanza superior ¿Cómo recuperar el legado de la Reforma Universitaria y reafirmar el derecho a la educación superior en términos de igualdad?
-Diría que uno de los principales legados de la Reforma es el movimiento hacia la democratización de las universidades y la apertura de estas casas de estudio junto a la autonomía de los poderes políticos que en el ´18 estaban encarnados principalmente en la Iglesia católica. La cuestión de la autonomía a todo poder político externo le da a la universidad argentina una fisonomía bastante particular. Ese legado de democratización se consolida en el ´49 sin ninguna duda, con la afirmación de la gratuidad de los estudios universitarios y termina de cerrar en el 2008 cuando América Latina concluye en afirmar que la Educación Superior es un derecho. Si tendríamos que mirar el legado de la Reforma en relación con los desafíos del nuevo siglo, es necesario pensar cómo la universidad contribuye a construir una sociedad más igualitaria. En esa línea tenemos algunos dilemas y problemas que todavía tenemos que reflexionar con mayor profundidad.
El principio del derecho a la Educación Superior supone en su dimensión individual que la universidad contribuye a una sociedad más igualitaria en la medida que habilita el acceso de todos los jóvenes que quieran seguir estudios superiores a poder hacerlo y; en términos de su dimensión colectiva, sostiene que el pueblo tiene derecho a recibir los beneficios vinculados con el desarrollo y el trabajo universitario. Tenemos que pensar mucho como contribuimos a pensar sociedades más igualitarias a partir de los profesionales que formamos y de los conocimientos que producimos. Un ejemplo que hoy está en debate es que las universidades seguimos formando profesionales que reproducen los estereotipos de género, las formas de desigualdad y subordinación entre varones y mujeres y ahí hay una contribución directa que podemos hacer a la construcción de una sociedad más igualitaria teniendo en cuenta la dimensión colectiva del derecho a la educación. Entiendo que el problema consiste en que el derecho a la educación se toma desde una sola dimensión que es la individual, y si solo supusiéramos que es un derecho a seguir por cada individuo cuando quiere y dónde quiere, podríamos caer en una distorsión liberal de la interpretación de ese derecho, cuya consecuencia es que el sistema universitario no contribuya a producir más igualdad.
–A un siglo de la rebelión de los estudiantes cordobeses, los postulados reformistas se resignifican, el espíritu de la universidad que nació de aquellas jornadas de 1918 se mantiene incólume. Una universidad democrática, científica, profundamente humanista y americanista comprometida con el desarrollo del país. ¿Cuáles son los pasos necesarios para entenderla como una institución clave para el crecimiento de nuestro país?
-Entender a las universidades y el lugar que ocupamos en el desarrollo nacional, cultural, económico y productivo de la Argentina requiere poner un poco en discusión algo que se suele sintetizar en la frase o la premisa de que las universidades deben responder a las necesidades de la sociedad. Las principales preguntas ahí son quién, cómo y dónde se definen cuáles son las necesidades de la sociedad. Y ahí es cuando aparecen los problemas de los modelos de desarrollo. En el marco de políticas públicas sostenidas en modelos de desarrollo que no tienen como horizonte la construcción de una sociedad más igualitaria, la pregunta es, ¿cuál es el papel de las universidades? Y si las universidades debemos contribuir a ese modelo de desarrollo o si debemos ponerlo en discusión.
La otra cuestión que también es muy compleja de pensar es que este es un país en el que los llamados modelos de desarrollo pueden cambiar muy coyunturalmente con distintas gestiones de gobiernos. Con lo cual un trabajo como el universitario, que es a mediano y largo plazo, debe presumir modelos de desarrollo que también sean a mediano y largo plazo. Sin embargo, hemos visto, en los últimos años, caer planificaciones estratégicas en el campo de la ciencia y la tecnología en nombre del nuevo modelo de desarrollo que no considera al desarrollo científico autónomo como parte de un aporte soberano, ni siquiera como aporte al desarrollo productivo. Estas son relaciones complejas y tensas. En síntesis, a veces las universidades comprometidas con la construcción de sociedades más justas e igualitarias, debemos funcionar a contra demanda de ciertos modelos de desarrollo.
–A lo largo de la historia, la política universitaria ha condensado modelos de vanguardia a partir de la articulación entre el movimiento estudiantil y expresiones políticas del campo popular que protagonizaron procesos de transformación en la propia Universidad y frente al orden instituido socialmente. La pregunta es ¿cuál es esa historia de encuentros y desencuentros entre estos sujetos políticos?
-Hay distintos momentos en la historia argentina de encuentros muy intensos y de compartir el mismo lado de la lucha entre el movimiento estudiantil y los movimientos populares, sindicales y los movimientos sociales de distinto signo. A partir de las universidades creadas en los ´90 -que nacemos con vocación de un diálogo anclado territorialmente, a diferencia de las universidades tradicionales que han tenido y tienen otro mandato- la vinculación con organizaciones sociales, sindicales, de trabajadores, diversas acciones empiezan a ser parte de la actividad sustantiva de la universidad. Las cosas que investigamos, los circuitos de difusión que producimos, los posicionamientos que asumimos, el modo en el que la universidad participa en la discusión política territorial, empieza a tener otro cariz con independencia de hacia donde estén orientadas esas vinculaciones. Más claramente, en estas universidades empieza a aparecer un protagonismo de actores que tradicionalmente han estado afuera. La creación de Consejos Sociales en las universidades, de estructuras que asesoran a la universidad y que están integradas por miembros de la comunidad sobre lo que la universidad hace, conmueve la agenda tradicional de las universidades.
-Recuperando los principios del derecho a la Educación Superior en términos de igualdad, la democratización, la participación, el principio de gratuidad, que es posterior a la Reforma. ¿cuáles son las cuestiones que hay que reafirmar ante la coyuntura que plantean las políticas públicas nacionales?
– Hoy estamos ante un escenario en el que las universidades resultan un blanco de las políticas públicas, con un recorte del presupuesto otorgado por el Congreso nacional que muestra de una manera bastante evidente cierta dirección de estas políticas. Actualmente estamos en una coyuntura de paritarias salariales para trabajadores docentes y no docentes con paritarias vencidas y sin oferta salarial siquiera. Al mismo tiempo, hay una paralización de toda la obra de desarrollo de infraestructura universitaria y en un momento donde no hay expansión de actividades de ningún tipo. Y esto también resulta posible debido a que las universidades nos hemos convertido en un blanco de los medios de comunicación y del Poder Judicial que ponen en discusión la gratuidad y la eficiencia de las universidades, con la gravedad de ser convertido en discurso oficial a través del propio Presidente de la Nación. Desde la asunción del presidente Mauricio Macri hubo un conjunto de decretos presidenciales que de manera sistemática, ponen en discusión el principio de autonomía de las universidades. Entonces lo que está en discusión son los principios de la Reforma Universitaria, es la idea de que el Estado tiene que asegurar que esa actividad es un derecho individual y colectivo. Frente al aniversario de la Reforma, debemos releer estos principios a la luz de lo que la coyuntura política actual está mostrando y tenemos que ser muy claros que los universitarios no estamos dispuestos a retroceder.
– Aún estamos frente a la concepción de una universidad atravesada por una colonización pedagógica, educativa, con una impronta cultural patriarcal, y ciertamente, se plantean reflexiones en torno de la urgencia de problematizar en este sentido el conocimiento, su producción y circulación, el acceso y la participación, los espacios para la toma de decisión, y todo esto frente a un creciente proceso de mercantilización junto a principios de eficiencia y rentabilidad a través de las políticas educativas nacionales. ¿Qué acontecimientos podrían darse en este contexto que así como lo hicieron en la época reformista, conmuevan a la comunidad universitaria y al conjunto social?
-Creo que si hubiera un movimiento equivalente a la Reforma en términos de la conmoción de estructuras muy convencionales y muy instaladas en el sistema universitario, de lo que hoy se trata es de conmover ciertas formas de organización del trabajo académico que está mostrando límites evidentes en relación a los problemas en los que quiere intervenir o quiere dar cuenta. La organización, por ejemplo, de nuestros profesionales y de nuestra investigación por disciplinas, la clasificación rígida de esta formación, la duración de las carreras, la perspectiva de profesionales que a veces no termina de dar cuenta de la complejidad o del tipo de problemas en los que esos profesionales van a intervenir.
Fundamentalmente, me parece que las universidades estamos ya siendo conmovidas por el efecto que produce el ingreso de nuevos públicos a las universidades, que cada vez más jóvenes provengan de hogares con baja tradición universitaria nos coloca a las universidades en la obligación de repensar las formas de organización del trabajo académico y nuestras prácticas de formación.
La universidad argentina comenzó con su proceso de masificación en los ´80 a partir de la apertura democrática, pero seleccionaba brutalmente a su estudiantado. Esto es, dejaba afuera a muchos jóvenes que habían manifestado seguir con sus estudios superiores. Hoy esto es un problema político en la medida en que decimos que todos tenemos derecho a estar acá. Eso nos demanda la obligación de repensar nuestras formas, nuestras prácticas de formación y nuestra tradición selectiva.
-La Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias, que involucra a gran parte de las universidades nacionales, se propone sensibilizar, atender y orientar sobre situaciones de discriminación y violencia de género en esos ámbitos. ¿Qué implica pensar la participación de las mujeres en la universidad y cuál es el legado de la Reforma desde una perspectiva de género?
-Creo que en las universidades argentinas y en las latinoamericanas las desigualdades de género se expresan de manera muy brutal. Sobre el conjunto del sistema universitario argentino, alrededor del 60% de su matrícula estudiantil es femenina y más del 60% de la graduación son mujeres. Estudios más puntuales sobre algunas carreras muestran que sus rendimientos académicos son más altos que los hombres y, en todo caso, esto coincide con todas las comparaciones evaluativas en el mundo. Sin embargo, las proporciones son inversas cuando miramos, por ejemplo, cantidad de profesores titulares en el conjunto del sistema universitario, donde alrededor el 60% son varones y mucho más cuando miramos autoridades superiores: sobre casi 60 universidades somos sólo cinco rectoras electas, una rectora normalizadora y una rectora provincial.
Lo más grave de este asunto es que somos las universidades las que producimos el conocimiento crítico sobre toda forma de desigualdad, somos las universidades los ámbitos en los que las teorías feministas se analizan y circulan y sin embargo, son ámbitos en los que hemos reflexionado poco sobre estas cuestiones: el uso no sexista del lenguaje en la ciencia o la distribución de varones y mujeres en ciertos campos científicos. Incluso, situaciones de desigualdad que cada vez se expresan más en la medida en que las universidades hemos elaborado protocolos de procedimientos frente a situaciones de acoso y violencia.
Se han generado áreas con políticas de género en diversos formatos en casi todas las universidades públicas y algunas hemos avanzado en temas que todavía conforman parte de las agendas del sistema, la transgeneridad. De hecho, no tenemos estadísticas de estudiantes transgénero porque justamente está más invisibilizado ese colectivo, pero algunas universidades hemos avanzado en lo que establece la Ley de Identidad de Género para la creación de procedimientos administrativos que permitan designar el nombre de una persona de acuerdo a lo que declara simplemente en una ventanilla: que su nombre es otro aun cuando no haya modificado su DNI. El horizonte final es que empecemos a formar profesionales con perspectiva de género.
En relación con el legado de la Reforma Universitaria, la autonomía sustentada en la autoridad científica y académica, implica pensar que no habría ninguna otra pertenencia ni ninguna otra razón para establecer relaciones de desigualdad o diferencias en el ejercicio del poder en las universidades. Falta después que esto se traduzca y formalice en estatutos que reclamen paridad de género en sus formas de gobierno o utilicemos en todos nuestros documentos públicos lenguajes no sexistas. Son todas cuestiones en las que debemos seguir avanzando, pero que ya son temas de agenda en el sistema universitario.
*Es Rectora de la Universidad Nacional General Sarmiento, Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y Doctora en Educación, con énfasis en Historia de la Educación y la Pedagogía por la Universidad del Valle, Colombia. Ha realizado una estancia post doctoral en la Universidad de Valladolid, España. Investigadora docente del área de Educación de UNGS.