La legislación laboral vigente sobre cupo trans, así como diversos proyectos de ley a nivel nacional, ponen en debate qué entramados sociales, políticos, sexuales y culturales diseñan una sociedad inclusiva o refuerzan parámetros cis-heternormativos.
Por Gabriela Mitidieri* | Fotos: Colectivo Rabia y Julia Lopresto
Quienes tratamos de de-construir la idealización del trabajo como actividad que dignifica y en cambio, lo entendemos como aquello a lo que el capitalismo nos obliga para sobrevivir, con márgenes de negociación, de sufrimiento y hasta a veces de disfrute, tomamos como válidas las voces de las compañeras trans y cis que se reivindican trabajadoras sexuales y reclaman por el cese de la violencia policial e institucional sobre sus cuerpos. Pero constatar que para muchas hacer la calle, es la única alternativa laboral, también se transforma en una alerta que cala hondo en la agenda de demandas políticas a articular. Y rápidamente se entrama con aquel conjunto de posibilidades que el sistema niega a las personas trans: aceptación familiar, inclusión escolar, reconocimiento institucional de la propia identidad y posibilidades de ingreso al mundo laboral. Esto vuelve a poner de manifiesto que una vida de exclusión hace necesaria la construcción de redes de afecto, de organización y de disputa por el reconocimiento de derechos, andamiaje para una existencia trans plena.
Mientras transcurrían los primeros meses de este año con el cambio de gestión a nivel nacional a cargo del proyecto político Cambiemos, se consolidaba el recrudecimiento de la persecución y criminalización de personas trans en la zona roja de la ciudad de La Plata, capital de la provincia bonaerense. Por su parte en la capital porteña, los despidos masivos en el sector público afectaron a gran parte de la masa laboral, allí también surgió el reclamo por el cupo laboral trans. Fue así que la coyuntura demandó diversas acciones que impulsaron el reconocimiento a los derechos humanos del colectivo trans-travesti y motivaron diversas intervenciones políticas a través de un conjunto de organizaciones como la Coordinadora Antirrepresiva LGTTTBIQP de La Plata, Organización Trans – La Plata (OTRANS), Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) y Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina (ATTA) junto a la Colectiva Lohana Berkins.
TraVajo: legislación y ciudadanía
En este contexto, se vuelve necesario explorar qué dimensiones son tenidas en cuenta por los diversos proyectos de ley de cupo laboral y por aquellos incluso, que ya están en vigencia. En el actual contexto de vaciamiento del Estado, resulta ineludible revisar qué estrategias pueden ser puestas en práctica para lograr el cumplimiento efectivo de aquello que la ley nos garantiza o podría garantizarnos.
Actualmente sólo existen proyectos de cupo laboral vigentes en la ciudad de Rosario y en la provincia de Buenos Aires. En septiembre de 2015, la legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que establece el cupo de al menos 1% de empleo de personas trans en el sector público. Cabe destacar que ante el no cumplimiento efectivo de lo establecido, reciéntemente un frente de organizaciones se conformó para demandar por la Reglamentación de la Ley “Diana Sacayán” de Cupo Laboral Travesti Trans de la provincia de Buenos Aires. Entre los pedidos comprendidos en la demanda de reglamentación se consideró que el decreto reglamentario establezca que el nombre de ley sea “Diana Sacayán”, que se garantice un proceso de acompañamiento a las personas que ingresen a sus puestos de trabajo, que se tenga en cuenta un mecanismo inclusivo en relación a la idoneidad y antecedentes penales y garantizar el acceso al trabajo a personas trans y travestis migrantes de modo de acceder al cupo luego de tramitar el primer paso en la regulación migratoria en Argentina.
A su vez, el Concejo Municipal de Rosario, aprobó el 19 de mayo pasado el cupo laboral para las personas trans, con 20 votos a favor y una única abstención por parte del PRO. En otros puntos del país, distintos proyectos de ley están tratando de lograr igual suerte. Entre ellos, el presentado por el legislador Marcelo Lugones (UCR) para Santiago del Estero en marzo de este año, al que a su vez suscribió en mayo la diputada por Chajarí (Entre Ríos), Gabriela Lena. Otros ejemplos son el que llevaron adelante la Federación Argentina Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y ATTTA a través de la legisladora porteña, María Rachid, para la ciudad de Buenos Aires, así como el proyecto de inclusión laboral trans pensado a escala nacional, presentado por el Partido Obrero o el que formuló Angélica Lagunas (PTS-FIT) para la provincia de Neuquén en diciembre de 2014. En los últimos días del mes de julio, la organización local Devenir Diverse presentó en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba un proyecto de ordenanza de Promoción del Empleo Formal para Personas Trans. El mismo establece entre sus principales puntos la incorporación progresiva de personas trans a la planta de trabajadorxs municipales hasta llegar a una proporción mínima de 3%. Propone además la creación de un sistema de incentivos fiscales para promover también la inclusión laboral en el sector privado.
Los límites de la “meritocracia”
Los proyectos en vigencia mencionados incluyen criterios de “idoneidad” para ocupar un cargo en el sector público. Si pensamos ya no en el mercado laboral, sino en un sistema entero regido por patrones cis-heteronormativos, racializados, patriarcales, desiguales en términos de clase, y los consideramos entramados en un juego de opresiones cruzadas, funcionales a la lógica de competencia capitalista, ¿quién logra devenir idónex?
En el caso rosarino, fueron muchas las discusiones que demoraron la aprobación final del proyecto. Una de ellas, ligada a la cuestión de la idoneidad, planteaba dudas respecto de cómo evaluar antecedentes legales de lxs postulantes. Finalmente esa condición excluyente logró ser removida, entendiendo que en la mayoría de los casos, dichos antecedentes tenían como causa la situación estructural de hostigamiento policial y de criminalización del trabajo sexual que afecta las trayectorias de muchas personas trans. Como medida adicional considerando que la idoneidad también se construye, Esteban Paulón, al frente de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de la ciudad, señaló en una entrevista a Rosario12, que el proyecto contemplaría “la inclusión del colectivo en la capacitación en oficios y en todos los servicios que tiene el Estado provincial a disposición de grupos vulnerados».
En cambio el proyecto de ley vigente en la provincia de Buenos Aires no establece en su redacción, ninguna herramienta que procure dar respuesta a la necesidad de capacitación de las personas trans. Tal como enfatiza el Frente de organizaciones por la reglamentación de esta ley, tampoco fue respetado el porcentaje mínimo de cupo, lo que se sumó además a una situación alarmante agravada por los conflictos a partir de los despidos de trabajadorxs estatales, que atravesó los primeros momentos del gobierno de María Eugenia Vidal, en una tónica afín a las medidas de vaciamiento desplegadas por el proyecto de Cambiemos a nivel nacional.
Cupo o inclusión: entre la idoneidad y un andamiaje que acompañe
Como datos a favor, todos los proyectos mencionados aseguran que la condición de haber procedido a la rectificación registral de sexo, nombre e imagen, de acuerdo a la Ley de Identidad de Género, garantizan derechos. Sin embargo, no establecen una obligación. Es decir, no sería requisito dicha rectificación para acceder a un puesto de trabajo contemplado por el cupo trans: basta asumir una identidad trans autopercibida.
En esa línea, cabe señalar algunas de las estrategias que los proyectos aún no aprobados prevén para una inclusión garante de derechos. Por ejemplo, el proyecto entrerriano pauta un porcentaje de no menos del 3% para el sector público; mientras que el neuquino lo establece tanto para el sector público como para el privado. Y si bien éste último hace mención a la cuestión de la idoneidad, también establece en su artículo 6 que “tanto el Ministerio de Coordinación, Seguridad y Trabajo, como el Ministerio de Educación a través de sus órganos competentes, accionarán los mecanismos necesarios para la capacitación obligatoria de los aspirantes a cualquier puesto laboral requerido por las personas travestis, transexuales y transgénero”. Con un espíritu similar, el proyecto presentado por la diputada nacional Soledad Sosa (PO-FIT), elaborado en conjunto con la agrupación LGTBI 1969, el pasado 17 de mayo (Día Internacional de Lucha Contra la Homolesbotransfobia) plantea que estará a cargo del Estado “emplear todos los recursos para hacer efectiva la presente ley considerando las trayectorias educativas y laborales de las personas, especialmente en aquellos casos de falta de experiencia por condiciones estructurales de exclusión social, cultural y económica que afecta a las personas trans” y propone en su artículo 5 que tanto el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social a través de sus órganos competentes, accionarán los mecanismos necesarios para la capacitación obligatoria de los aspirantes a cualquier puesto laboral requerido por las personas trans.
Por su parte, el proyecto presentado para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por la legisladora María Rachid, e impulsado de conjunto por ATTTA y FALGBT, se plantea como una ley integral para las personas trans y busca asegurar el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades. El carácter ambicioso de tal propuesta habilita preguntarse de qué manera podría darse su aplicación de ser aprobado, por el contexto general de vaciamiento del estado y subejecutación sistemáticamente del presupuesto en materia de salud, educación, vivienda y desarrollo social.
Resulta vital a la hora de discutir proyectos de cupo, reflexionar sobre lo que implica en términos de experiencia subjetiva, adecuarse a un puesto de trabajo concebido dentro de parámetros cis-heteronormados, a una rutina laboral, a una sociabilidad en la que lo trans no pasaría aún de ser una excepción. Y en este camino, la ley es una herramienta más, un resguardo a conquistar, que no invalida, sino que por el contrario se sostiene, con la lucha y la organización de múltiples movimientos, espacios y activistas trans. Asimismo, requiere de coaliciones sociales y políticas potentes, en las que la agenda de demandas travas sea tomada por el conjunto de la comunidad LGTB pero también por la sociedad toda.
*Historiadora UBA, integra Democracia Socialista y la Colectiva Lohana Berkins.