Por Andrea Sosa Alfonzo | Ilustración: Cabro | Fotos: Colectivo Manifiesto
Los humedales nacionales están en crisis producto del desarrollo de modelos económicos que atentan contra el uso de los suelos y ríos.
Argentina aprobó la Convención de Ramsar sobre humedales en 1991 a través de la sanción de la ley nacional 23.919, para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Estos ecosistemas naturales reservorios de agua dulce ocupan 600 mil km2, es decir cerca del 21% del territorio nacional, ya sea como dominante en el paisaje o como parches aislados en una matriz netamente terrestre. Es uno de los hábitats más productivos y con mayor biodiversidad de la biósfera a pesar de que sólo representan el 8% de la superficie total del planeta. Entre Ríos, por su parte, integra una de las regiones con mayor presencia de islas y humedales en el país.
Según el presidente de la Fundación Humedales, profesor asociado de UBA e investigador del Conicet, Rubén Quintana González, “los humedales se caracterizan porque sus suelos permanecen saturados con agua o en condiciones de inundación y/o anegamiento durante considerables períodos de tiempo, particularmente en la época de crecimiento vegetal”. En Argentina están ubicados principalmente en dos zonas: “una porción ubicada en el noreste y centro húmedo del país que corresponde a paisajes de humedales, asociados a las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. La otra se corresponde con los dos tercios más secos del país. En esta gran zona se encuentran los denominados paisajes con humedales, con muy poca representatividad espacial pero en muchos casos son de gran importancia tanto ecológica como socioeconómica”.
Los complejos más característicos son “las lagunas y vegas de altura en la zona de la Puna, las lagunas ubicadas en depresiones áridas, el macrosistema de esteros del Iberá, los bañados, arroyos, madrejones y bosques ribereños del Chaco Húmedo, los humedales de la llanura aluvial del Paraná que incluye en su porción inferior a la región del Delta del Paraná, los Bajos Submeridionales del norte de Santa Fé y sur del Chaco, la planicie de pastizales húmedos de la Depresión del Salado en la provincia de Buenos Aires, los mallines patagónicos, las turberas de Tierra del Fuego y los humedales costeros de Buenos Aires y Patagonia”, especificó Quintana.
Sin embrago, esta diversidad ambiental se encuentra sometida a un proceso acelerado de degradación y transformación en relación con los cambios en el uso del suelo y de las aguas. En las últimas décadas se produjo una importante transformación en la matriz agrícola del país con el avance y la expansión de las fronteras del cultivo de soja. Otros factores que reconfiguraron la distribución territorial fue la colocación de ganado en gran escala, la intervención humana sobre cauces de ríos y arroyos (drenajes, rellenos y endicamientos), el boom inmobiliario asentado sobre tierras isleñas y reservorios de agua, contaminación ambiental, sobreexplotación de acuíferos y la desforestación irregular y sin planificación de montes y bosques nativos.
De acuerdo a esto, la amenaza reciente de las inundaciones en la Cuenca del Plata, puso de relieve la importancia de los humedales como aliados irreemplazables en la protección de biodiversidad y ecosistemas productivos y humanos.
Sin ley, piedra libre
En noviembre de 2013 el proyecto de ley que establece “Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales”, recibió media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación. Desde entonces, se encuentra en el Congreso Nacional a la espera de su tratamiento en la Cámara de Diputados. “De ser promulgada, la ley impondría un marco regulatorio a la forma de uso de estos ecosistemas, incluyendo las actividades que afectan su conservación y la provisión de servicios a la sociedad”, señaló Quintana. Según el investigador sobre humedales, este proyecto de ley se encuadra en la misma línea normativa proteccionista que las leyes de Bosques Nativos y de Glaciares. Asimismo, “propone el inventario de humedales para todo el territorio nacional, lo cual constituye un paso importante dado que hasta el presente no se conoce a ciencia cierta cuántos hay, en dónde están y cuál es su situación”. Mientras tanto, es necesario establecer algún tipo de “principio precautorio de manera tal que se evite durante ese tiempo, una transformación o degradación acelerada de estos ecosistemas”.
Para la diputada provincial, María Emma Bargagna, la situación es preocupante ya que “las islas entrerrianas son bienes de dominio público” y los avances de emprendimientos productivos y humanos sobre ellas las ponen en peligro. Por eso es necesario “declarar la emergencia del territorio de las islas y de los humedales, al menos por diez años”. Recientemente se registró un incremento de “obras de particulares con muros, endicamientos y cerramientos que cambiaron el comportamientos del río y secaron lagunas”. De acuerdo a este diagnóstico, Bargagna presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, ecológica, social y productiva sobre el sistema de humedales y de las selvas ribereñas en Entre Ríos. La intervención y el compromiso del Estado con la protección de bienes comunes es una de las demandas inmediatas. Para la diputada, “el Estado podría a través de la Dirección de Tierras Fiscales, otorgar permisos sobre fracciones de islas a pequeños productores, apícolas o emprendedores, que estén haciendo actividades compatibles con los humedales”.
País de cemento
La transformación de estos ecosistemas con otros fines los afecta como filtros naturales que son, ante los contaminantes que impactan sobre sus reservas de agua. Decididamente, la clave es el ordenamiento ambiental y territorial. En la actualidad “los emprendimientos productivos, urbanos e industriales se realizan sin ningún tipo de planificación territorial, asumiendo que lo mejor que le puede ocurrir a un área ocupada por este tipo de ecosistemas es su transformación a un ecosistema terrestre o acuático. De esta manera, no solo se desconoce que los mismos ofrecen servicios ecosistémicos esenciales sino que las intervenciones que se realizan en el territorio dan como resultado la aparición de conflictos socioambientales”, sostuvo Quintana.
No hay políticas estatales que protejan a los humedales frente al desarrollo inmobiliario a gran escala como los barrios cerrados asentados sobre las islas, incluso aquellos casos que se encuentran sobre las costas. Según señaló Bargagna, “el Estado debe delimitar la línea de ribera que es la que define qué es público y qué es privado, dejando expedito el camino de sirga y destinar su uso de acuerdo al tipo de suelo”. Las recientes modificaciones del Código Civil y Comercial pusieron en alerta a ambientalistas e investigadores sobre las nuevas disposiciones para la delimitación de los caminos de sirga y los derechos sobre las tierras que bordean los ríos. Mientras que en el texto anterior el espacio que debía dejarse para uso público era de 35 metros, la actual legislación definió que la franja de terreno que debe liberarse es de 15 metros de ancho. Esta modificación fue cuestionada por su carácter privatizador.
“Es necesario reconocer que la actividad privada ha tenido un avance brutal con fines comerciales y de lucro sobre las costas y que está dañando los ríos y las islas”, aseguró la diputada. Se estima que la superficie afectada hoy en la provincia es de “dos millones de hectáreas y algunas islas resultan más afectadas por su gran valor paisajístico y turístico”.
De acuerdo a estudios realizados en la provincia en la región del Delta, “se encontraron 26 obras de endicamientos en los departamentos de Gualeguay, Victoria y las Islas del Ibicuy. Muy pocas de estas obras tenían estudios y la mayoría de las empresas no residen en la provincia” denunció el secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Entre Ríos, Fernando Raffo.
Remarcó que desde el gobierno provincial se reconoce la necesidad de proteger la zona deltaica “desde un punto de vista global humedal sistémico” que atienda con urgencia el impacto de “la urbanización inmobiliaria sobre los humedales y el cambio en el uso de los suelos”.
Según Raffo se prevee el lanzamiento de un “Plan de Producción Sustentable para el Delta Entrerriano” que permita establecer un ordenamiento territorial para definir qué tipo de obras se pueden realizar y en qué lugares.
El drama de vivir con y sin agua
Las crecidas por inundaciones producto de las variaciones climáticas y de nuevos fenómenos como la tormenta de “El niño”, puso el foco en los humedales como mitigadores del impacto del cambio climático sobre las cuencas hídricas y por consiguiente, sus consecuencias sobre asentamientos urbanos. Dado que regulan los flujos hídricos, “funcionan como amortiguadores de inundaciones en épocas de crecida y como reservas de agua dulce para los momentos de escasez”, especificó Ruben Quintana.
Particularmente, los humedales ubiscados en las llanuras de inundación de los cursos de agua “cumplen un papel fundamental en la regulación de los excedentes hídricos durante los períodos de inundación. Su capacidad para amortiguar inundaciones es un servicio ecológico clave para evitar que los núcleos urbanos e industriales ubicados a lo largo de sus cuencas se vean afectados por la fuerza de estos grandes volúmenes de agua”. Esto se debe a que, en general, estas áreas poseen una cobertura vegetal herbácea alta, densa y continúa, además de localizarse en una posición topográfica más deprimida respecto a las áreas circundantes.
A pesar de que actualmente existe un reconocimiento de los valores ecológicos y culturales de estos ecosistemas, muchos humedales se vieron sometidos a importantes procesos de transformación y explotación intensiva, particularmente durante el siglo XX. Según el informe presentado en junio de este año por el Grupo de Exámen Científico y Técnico de la Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar sobre los Humedales (COP12) en Punta del Este, Uruguay, se calcula que la extensión mundial de los humedales disminuyó entre un 64 y un 75% durante el último siglo. Asimismo, este informe señala que solo en los Estados Unidos, la degradación y destrucción de humedales implica una pérdida anual de servicios ecosistémicos por un valor mayor a los veinte billones de dólares.
Parte de las consecuencias, arrojan “cambios en las comunidades animales y vegetales como resultado de las transformaciones que tienen lugar en extensas áreas de los humedales del Delta del Paraná. Por ejemplo, desaparecen especies típicas o dependientes de los humedales y son reemplazadas por otras de hábitos más terrestres, generalistas o cosmopolitas. Estos recambios en las comunidades bióticas afectan la integridad ecológica de los humedales y alteran, por consiguiente, la oferta de servicios ecosistémicos que los mismos ofrecen a la sociedad”, concluye Quintana.
Muchos investigadores y especialistas en el tema aseguran que la salida no debe polarizarse y optar por opciones de conservacionismo acérrimo o dejar hacer al mercado. Al contrario, es necesario avanzar sobre escenarios de debate colectivo que impliquen la participación de toda la ciudadanía con su multiplicidad de miradas. En este sentido, es impensable que la gran superficie del país que actualmente está ocupada por humedales sea catalogada como un área de conservación intangible, pero cómo encontrar los grises. Según Quintana, “se debe apuntar a un ordenamiento de las actividades humanas en humedales, adaptándolas a las condiciones ecológicas de estos ecosistemas, evitando la transformación del régimen hidrológico de los mismos y mitigando los efectos de los impactos ambientales acumulativos. En este contexto se deberían también considerar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático”.
En otras palabras, es necesaria una regulación estatal que legisle y promueva políticas públicas que contemplen la protección y conservación de los humedales frente al desarrollo socio-económico. No todo pasado siempre fue mejor, pero el futuro puede convertirse en un pronóstico irreversible.