Por Alfredo Hoffman* | Ilustraciones: Lisandro Estherren
Mientras el ambiente pide a gritos un respiro, el drama de las escuelas fumigadas en Entre Ríos sigue vigente, incluso con un recurso judicial que duerme en la Corte Suprema de Justicia sobre la falta de control de las aplicaciones cercanas a escuelas y poblaciones rurales. Se siembra la muerte, pero el modelo extractivista goza de buena salud.
El 4 de diciembre de 2014 el calor agobiaba en Santa Anita. Ya terminaba el año, pero la maestra y sus alumnos y alumnas, no iban a tener motivos para celebrar.
—Se siente otra vez ese olor fuerte, seño.
—¡Están fumigando! ¡Rápido, gurises, cierren las ventanas!
Mariela Leiva, docente y directora de la Escuela N° 44 República Argentina, actuó rápido. Cerró puertas y ventanas, llamó a la policía, pidió un médico con urgencia y corrió con su celular en mano para grabar un video de la avioneta que escupía agrotóxicos desde el aire.
Desde ese día, Mariela inició un largo camino junto a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la campaña Paren de Fumigar las Escuelas. No fue la primera institución rociada con químicos, ni sería la última. Sin embargo, ese acontecimiento tuvo la particularidad de haber derivado, años después, en la primera condena a los responsables de intoxicar a una comunidad educativa rural de Entre Ríos. Desde entonces, la maestra recorre la provincia brindando testimonios de la lucha librada a través de la organización colectiva y desde sus vivencias personales, fuertemente ligadas a la ruralidad.
Pero en 2022 las fumigaciones con agrotóxicos en Entre Ríos continuaron. Y la disputa judicial se mantuvo abierta a la espera de que la Corte Suprema se expida sobre el recurso de amparo, en contra del decreto vigente que fija las distancias para las aplicaciones terrestres y aéreas, respecto de las escuelas rurales[1]. Ya que incluso las disposiciones de esa misma normativa son frecuentemente incumplidas.
En la actualidad, las entidades ambientalistas de Entre Ríos continúan organizadas y firmes en su reclamo contra el modelo productivo, en el que los agrotóxicos son una pieza indispensable y letal. Hubo algunos avances: hay ciudades donde se prohibió la aplicación de glifosato. En este contexto, también AGMER sigue adelante con la campaña. Y las maestras rurales continúan dando testimonio del sufrimiento que viven las poblaciones escolares rurales. Mariela Leiva repite siempre que puede: “Mi historia es la historia de prácticamente todos los y las docentes rurales a lo largo y a lo ancho de la provincia, y de todo lo que genera el extractivismo a lo largo y a lo ancho de nuestro país”.
El modelo productivo extractivista, que necesita de las fumigaciones con agrotóxicos para funcionar, paradójicamente, goza de buena salud. A medida que se expande la frontera agropecuaria, más se enferman quienes viven en el campo. En Entre Ríos, la agricultura empujó a la ganadería hasta los márgenes, hacia las zonas de islas. Las quemas en los humedales son cada vez más frecuentes –un problema que ocurre junto con la bajante histórica que sufrió el río Paraná y la posterior sequía- y derivan en incendios que destruyen la biodiversidad así como también, asfixian a grandes poblaciones. Mientras tanto, hay nuevas autorizaciones de semillas transgénicas y de productos plaguicidas[2].
La letra de la ley y las normativas que faltan
La legislación vigente en Entre Ríos -con sus sucesivas resoluciones- fija para las fumigaciones una distancia de 50 metros terrestres y 100 metros aéreos, respecto a casas y cursos de agua en la zona rural. Tales disposiciones se pensaron en un tiempo donde el impacto de las aplicaciones era mucho menor, así como la cantidad de hectáreas plantadas y el esparcimiento de veneno. Se trata de la Ley de Plaguicidas N° 6.599, un decreto ley dictado en 1980 por la última dictadura cívico militar.
Con respecto a las escuelas, como coletazo de la causa judicial abierta por el amparo presentado por la coordinadora Basta es Basta, el gobernador emitió dos decretos sucesivos que fueron judicializados, de los cuales el N° 2239/19[3] -con su modificatorio 504/19 MP[4]– es el que se encuentra vigente en la actualidad.
Los establecimientos educativos deben tener una barrera arbórea a 100 metros, medidos desde el edificio de la escuela, a partir de la cual se cuentan las distancias en forma de anillos de protección. Primero, para las fumigaciones terrestres son 100 metros de exclusión. Luego hay un ‘área de restricción’ de 500 metros, donde se prohíben las aplicaciones de productos fitosanitarios de clase toxicológica Ia, Ib y II, definidos como los más peligrosos para la salud humana. Para las fumigaciones desde el aire, la exclusión es de 500 metros desde la cortina forestal. A partir de allí, el ‘área de restricción’ para los productos más tóxicos es de 3.000 metros. Esta regulación difiere de los 1.000 metros terrestres y 3.000 aéreos que se habían conseguido con el primer recurso de amparo ganado por las entidades ambientalistas.
A nivel urbano, salvo que un municipio, comuna o junta de Gobierno haya aprobado una regulación más estricta –varios municipios tienen ordenanzas mucho más protectoras, como Gualeguaychú, Colón o San José– en los cascos urbanos está prohibida totalmente la pulverización, por ley provincial. Además hay un perímetro de 1.500 metros de prohibición de fumigación aérea. El problema es que no siempre está actualizada la información sobre las categorías de los ordenamientos territoriales, –la zona urbana, periurbana, chacras y quintas– como consecuencia del proceso de des ruralización que hace crecer a las ciudades hacia las periferias. Y aunque se respete la letra de la ley, igualmente hay riesgo para la población.
La ciencia alerta sobre el impacto a futuro
Las distancias reclamadas por las organizaciones ambientalistas están basadas en un estudio científico de la Universidad de Río Cuarto, a cargo de la genetista Delia Aiassa. El estudio comparó los datos de niñas y niños de áreas urbanas con los de zonas rurales cercanas a campos fumigados. Como resultado, la investigación detectó el daño genético al que están expuestas las infancias rurales, sometidas a plaguicidas[5]. “No necesitás un niño que presente una patología oncológica. Sino que el daño genético te predispone a una futura enfermedad, en mayor o menor grado”, aclara sobre ese estudio, María Fernández Benetti, abogada ambientalista.
Por otro lado, un estudio realizado en el Departamento Uruguay -que todavía está en fase de desarrollo- arrojó que el 80% del total de una población de niños y niñas estudiada que habita en una zona expuesta a fumigaciones, presenta daño genético en distintas graduaciones. Se puede inferir que en el mediano plazo, esas infancias podrán desarrollar alguna enfermedad oncológica. Este trabajo es dirigido por Damián Marino, investigador de la Universidad Nacional de La Plata y Aiassa.
A la causa también se presentaron estudios de Rafael Lajmanovich, biólogo de la capital entrerriana que trabaja para la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El investigador puso el foco en anuros (ranas) como indicadores que permiten determinar el grado de deterioro ambiental del ecosistema del río Paraná, detectando el nivel de agrotóxicos en esas especies más vulnerables[6].
Además, se pusieron a disposición trabajos sobre el aire, el suelo y el agua en siete escuelas del Departamento Uruguay, desarrollados por la Universidad de La Plata y uno más realizado en Urdinarrain -departamento Gualeguaychú-.
Mientras tanto, el veneno
La causa por las fumigaciones a las escuelas rurales aún no está cerrada. En todo el devenir judicial, hubo cinco sentencias a favor del reclamo ecologista y una sexta en contra del Superior Tribunal de Justicia. Las abogadas de las entidades ambientalistas –una de ellas es la citada Fernández Benetti– llevaron el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de queja, que duerme en el máximo tribunal del país desde marzo de 2020.
Mientras tanto, tampoco se cumple con las medidas contenidas en el último decreto del Gobierno provincial. En parte, porque no se hicieron las cortinas forestales alrededor de las escuelas rurales, algo que debe ejecutar el Consejo General de Educación (CGE). Esta demora, hace imposible que se puedan medir y controlar las distancias de aplicación.
Asimismo y este es uno de los motivos por los que el caso está aún en la Corte, el Gobierno decidió nombrar, a cada director/a escolar rural, como unidad centineal. Según expresó Fernández Benetti, esta medida implica que “los productores van con la receta agronómica a la directora de escuela, amén de que también tienen que ir a la Comisaría para que la Policía sepa que van a pulverizar y dar aviso a los vecinos, y al municipio que correspondiera, o a la provincia”. El rechazo a tal decisión de Gobierno radica, como señalan desde AGMER, en que las y los docentes además de toda su tarea, deben hacerse cargo de controlar las aplicaciones poniendo en riesgo su salud[7]. “Hay episodios de fumigaciones todo el tiempo. No hay fiscalización. La fiscalización es civil: cuando nos enteramos de las pulverizaciones irregulares es porque el vecino lo dice, porque la maestra lo dice. Porque no hay capacidad ni voluntad de control por parte de la Provincia. Muchas escuelas rurales están en zonas grises, fuera del ejido de cualquier municipio. Necesitaríamos muchos inspectores en el territorio para controlar exactamente esto. Las llamadas buenas prácticas, nada de eso se cumple. Y las pulverizaciones se están haciendo de noche, porque como ya hay una resistencia social grande, la gente está atenta e intenta frenar las fumigaciones”, agrega la abogada. Siguiendo esta línea, aclara que también reciben testimonios de las poblaciones afectadas: “Un montón de gente nos cuenta que de noche escuchan el ruido de los mosquitos o sienten el olor sin poder ver dónde exactamente están pulverizando”.
El problema no sólo es la distancia, sino también los productos que se utilizan. Es difícil que las comunidades sepan qué se está aplicando y qué impacto produce, porque usan combos de formulados: dos o tres productos juntos. Fernández Benetti asegura que no hay evaluaciones serias de los niveles de daño que ocasionan los químicos; y que Senasa, -el organismo que regula, fiscaliza y certifica el uso de productos- ha resuelto en base a estudios realizados por la propia empresa que quiere registrar un tipo de producto. “Senasa confía en el estudio que hace un privado” agrega con preocupación la abogada y se lamenta mientras afirma que “el gran problema lo tenemos en el registro de agroquímicos” del Gobierno nacional.
Por la educación ambiental
La secretaria de Bienes Comunes de AGMER, Verónica Veik, pone los datos en contexto y remarca la “enorme desigualdad” que hay en la correlación de fuerzas entre los pueblos que sufren las consecuencias de un modelo productivo agroindustrial insustentable y los sectores de poder que impulsan este proyecto económico. “Quienes somos mujeres y habitamos la ruralidad, nos vamos a poder reconocer en la historia de Mariela Leiva, que es la de muchísimas mujeres que habitamos o trabajamos en la ruralidad. Pero en su historia hay una singularidad: el camino que construye frente a la adversidad que le tocó afrontar con sus estudiantes, es el camino por lo colectivo, a través de una organización como nuestro sindicato”, reflexiona.
Las organizaciones tienen la tarea de instalar en las comunidades una discusión que tiene que ser “del pueblo”, dice Veik: ¿qué se produce, cómo se produce y para quién se produce en nuestro país?. “Cuando el pueblo no define esto, claramente quienes lo definen son los mercados y así nos va”, lamenta.
Pese a todo, asegura que hay un recorrido posible para que se materialicen las consignas que se levantan en cada marcha y en cada acto: “Paren de fumigarnos”, o “El agua no se negocia”, o “Basta de quemar nuestros humedales«. Ese camino es el de la educación ambiental en todas las escuelas. “Esa es para nosotros, como educadores, educadoras y sindicato docente, la madre de todas las batallas. Es construir mayorías desde el trabajo pedagógico en todos los niveles y modalidades del sistema educativo”, resume.
Las mariposas son ajenas
Mariela Leiva es la protagonista de No fumiguen mi escuela, una historieta editada por el Colectivo Editorial Aguará con ilustraciones de Lisandro Estherren y guión del autor de esta nota. En cada presentación de la publicación, ella remarca que No fumiguenes la historia de prácticamente todos los y las docentes rurales a lo largo y a lo ancho de la provincia, y de todo lo que genera el extractivismo en nuestro país.
«Esta lucha no empezó el 4 de diciembre de 2014, día que marcó un antes y un después en mi vida, sino que hubo y va a seguir habiendo compañeros que encarnen estas luchas, que pongan su cuerpo y su vida, que arriesguen muchas cosas que a veces se pierden pero -también- se gana el poder dejar un legado a las generaciones futuras”, sostiene como lema.
También afirma la importancia de sostener la defensa de la educación como un bien público, en ese sentido agrega que “como sindicato, defendemos el derecho de nuestros gurises/as a poder educarse en un ambiente sano, y el de los y las docentes también».
En esta recuperación de la memoria y la militancia, Leiva evoca el rol que tienen y tuvieron otras maestras, como Estela Lemes, hoy secretaria de bienes comunes de AGMER Gualeguaychú, o Ana Zabaloy, una docente de San Antonio de Areco que falleció de cáncer.
En cuanto al desarrollo del proceso judicial Leiva menciona que “tuvimos un logro que lamentablemente no todos los docentes han podido tener. Y no es un logro mío, es el logro de una organización como AGMER, que estuvo inmediatamente allí, siendo yo no afiliada en ese momento”, refiere sobre el juicio en el que se condenó a quienes fumigaron su escuela[8]. Y subraya: “A las personas individuales nos pueden voltear fácilmente porque ellos tienen mucho poder económico y político. Pero a una organización no. La construcción colectiva es lo que nos fortalece”.
Hasta diciembre de 2017, la escuela rural de Santa Anita tenía pintado un mural que expresaba el carácter mortal de los agrotóxicos. Cuando Mariela dejó la institución, el mural fue reemplazado por otro de dos niños jugando rodeados de mariposas. Pero las mariposas solo están en la pintura, porque la escuela está rodeada de soja y no hay lugar para ellas: después de cosechada la soja, ya no queda más que tierra. No queda nada. Como dice esta maestra rural entrerriana, es «el sinónimo puro de naturaleza muerta».
*Alfredo Hoffman es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es guionista de la historieta No fumiguen mi escuela. La historia de Mariela Leva, con ilustraciones de Lisandro Estherren (2021, Colectivo Editorial Aguará).
REFERENCIAS
[1] La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial y confirmó la sentencia mediante la cual se decretó la nulidad parcial del decreto provincial 4407/18, que regula la aplicación vía aérea y terrestre de fitosanitarios. Todo ello en los autos «Foro Ecologista de Paraná c/Superior Gobierno – Acción de Amparo». La causa se inició por un amparo ambiental del Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra el Estado provincial. Los amparistas esgrimieron que el texto «viola lo establecido por la sentencia que dispuso prohibir la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos». Dicho fallo también exhortó la realización de estudios que permitan “delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”.
[2] El Gobierno autorizó el trigo HB4 y el pan transgénico se acerca a las mesas argentinas.
[3] Ver: https://www.entrerios.gov.ar/boletin/calendario/Boletin/2019/Agosto/05-08-19.pdf
[4] Ver: http://www.entrerios.gov.ar/boletin/calendario/Boletin/2020/Enero/16-01-20.pdf
[5] Evaluación del nivel de daño en el material genético de niños de la provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas. Bernardi, Natalí; Gentile, Natalia; Mañas, Fernando; Méndez, Álvaro; Gorla, Nora; Aiassa, Delia. Ver: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/lil-750447
[6] Ver: https://ri.conicet.gov.ar/author/5032
[7] Ver: https://agmer.org.ar/index/49381-contra-las-escuelas-centinelas-y-la-fumigacion-sin-control/
[8] La Justicia ratificó la condena por la fumigación sobre una escuela https://agmer.org.ar/index/39237-la-justicia-ratifico-la-condena-por-la-fumigacion-sobre-una-escuela/