Por Valentín Bisogni * | Fotos: Archivo UNERMedios
¿Qué tipo de medios de comunicación necesitamos en la actualidad para promover el bien común y el derecho de las personas a informarse? Un contexto donde convive la concentración mediática, el débil impacto de la democratización de las tecnologías, la función de los medios universitarios, públicos y sin fines de lucro, pone en tensión el desarrollo de un ecosistema de medios y comunicación con diversidad de voces.
IRONÍAS DE LA LIBERTAD
La tradición liberal sostiene que el Estado es enemigo de la libertad de prensa y que por ende no debe haber regulaciones a este derecho o deben ser las mínimas. El derecho a la libertad de prensa, contemplado dentro de la libertad de expresión, es un derecho universal, es decir que tenemos todas las personas, sin embargo en la práctica cotidiana, no toda la sociedad puede acceder libremente a su ejercicio.
La libertad de expresión es un derecho tan amplio que contempla desde leer un poema a viva voz en la esquina de una plaza, componer e interpretar una canción, decir una proclama o consigna política, o usar una remera con alguna simbología.
En el caso específico de la libertad de prensa, para ejercerla se necesitan de los medios técnicos para dar a conocer masivamente lo que se quiere expresar. Con el paso del tiempo, los equipos que eran costosos e inaccesibles, se han ido abaratando y por lo tanto, se facilitó su acceso para lo que se ha denominado muchas veces como la “democratización” de las tecnologías, aunque esos beneficios no estén aún al alcance para todas las personas. Más allá del optimismo tecnológico, el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías, no han podido garantizar por sí solas que todas las voces puedan ser escuchadas y que la amplificación sea equitativa dentro de la sociedad.
Owen Fiss, académico y profesor de Derecho de la Universidad de Yale de los Estados Unidos, contradiciendo las teorías clásicas sobre libertad de expresión, sostiene que la realidad ha ido cambiando y que el Estado no debe ser tomado solamente desde la mirada acotada de “enemigo” de esta libertad, si no que por el contrario es un factor que puede ser determinante a la hora de garantizar que quienes no tienen voz, puedan acceder a ejercer su derecho y sean escuchados.
Fiss se pregunta: ¿cuál es la libertad de expresión de alguien que no puede hacerse escuchar? y trata de buscar algunas respuestas. Sostiene que uno de los roles que debe tomar el Estado es el de actuar positivamente regulando el ecosistema de medios evitando que las voces más poderosas silencien u obstruyan su derecho a quienes tienen menos potencia o posibilidades de ser escuchados. Principalmente, para que no se genere un efecto silenciador. En su enfoque, el Estado debe actuar como regulador para que la libertad de prensa no quede reducida a la libertad de empresa y que el destino de la democracia y el debate público quede en manos del mercado.
La revolución tecnológica puede ofrecernos un gran número de canales pero en la medida de que todos ellos estén gobernados por el mercado, subsiste el riesgo de que la cobertura informativa sea sesgada, sostiene Fiss y podemos agregar en línea con esa idea, que la información es un derecho humano y no una mercancía, algo que la mayoría de los códigos de ética periodística remarcan.
CONCENTRACIÓN VS DIVERSIDAD
En América Latina y en Argentina en particular, la concentración de medios de comunicación es un histórico común denominador. Martín Becerra y Guillermo Mastrini, doctores en Ciencias de la Información e investigadores del Conicet, explican cómo nuestra región ha vivido un proceso de medios comerciales en el que los principales grupos de comunicación fueron transformándose en grandes conglomerados.
En “La concentración infocomunicacional en América Latina (2000-2015). Nuevos medios y tecnologías, menos actores” se describe y analiza esta situación en donde antes habían empresas familiares que buscaban dominar un sector de cada actividad dentro de la industria de medios. En la actualidad, hay una lógica de acumulación de los principales grupos que se basa no tanto en el poder de concentrar un mercado de medios en particular como televisión, radio o prensa, si no en ejercer posiciones dominantes en diferentes mercados en forma simultánea y de forma conglomeral.
A ese panorama se le suma que las empresas de telecomunicaciones fueron consolidando la tendencia a una estructura oligopólica de sus actividades en América Latina, lo que aceleró la concentración ya que la convergencia tecnológica entre medios, telecomunicaciones e Internet, integra en las mismas plataformas de distribución a estos sectores, que en otros tiempos estaban separados, destacan Becerra y Mastrini.
La concentración de medios no es una preocupación teórica o filosófica si no que en la práctica actúa como “censura indirecta”, como lo ha planteado incluso la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es por eso que en diferentes legislaciones y normativas se ha buscado evitarla o atenuar sus efectos.
En 2008, un año antes de que se sancionara en nuestro país la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la Convención Constituyente de Entre Ríos, los convencionales contemplaron este problema incorporándolo en el artículo 70.
Allí se estableció que el Estado “dentro de su competencia, protegerá y alentará la explotación de sus recursos radioeléctricos y los medios de comunicación radicados en su territorio, como herramienta para el fortalecimiento de sus regiones y la conformación de su identidad cultural”.
En ese mismo artículo los convencionales que trabajaron en la reforma de la Carta Magna provincial establecieron que se “Desalentará, mediante políticas activas, la conformación de monopolios, oligopolios o cualquier otra forma de concentración de los medios de comunicación social en el ámbito provincial”.
Además de desalentar la concentración de medios, los convencionales entendieron que era necesario también promover “la propiedad y gestión de medios de comunicación social por parte de organizaciones sociales, cooperativas y comunitarias sin fines de lucro”. Es decir, además de evitar los monopolios destacaron en la Carta Magna la necesidad de que haya diversidad de medios en diferentes manos y que es necesario que algunos de ellos, sean sin fines de lucro.
MEDIOS UNIVERSITARIOS
Conocida como “Ley de Medios”, la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada en octubre de 2009, además de buscar regular la distribución de licencias de radio y televisión para equilibrar la participación de los sectores privado, público y sin fines de lucro, generó una serie de reglamentaciones que permitieron ver nacer a nuevos tipos de medios.
En el caso de los medios de comunicación audiovisual universitarios y educativos la ley les estableció objetivos específicos en su Título VII, con una mirada puesta en la producción de contenidos desde una lógica diferente a la comercial y a las leyes del mercado.
Para los medios universitarios la ley propuso un enfoque colaborativo al establecer que las “emisoras pertenecientes a universidades nacionales podrán constituir redes permanentes de programación entre sí o con emisoras de gestión estatal al efecto de cumplir adecuadamente con sus objetivos”. En tanto que para la programación la ley destaca que las emisoras universitarias deben “dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural”.
BIEN COMÚN
Los medios públicos universitarios no compiten con los medios de comunicación privados ni con los medios sin fines de lucro o con otros medios públicos, lo que hacen es complementar el ecosistema de medios aportando otro tipo de contenidos producidos desde una perspectiva universitaria y pensando en el bien común.
En los medios universitarios la información no es una mercancía si no un derecho y la perspectiva universitaria aporta desde lo académico, la ciencia y la extensión voces para la reflexión sobre las problemáticas sociales, económicas, culturales, geográficas, en las que está inserta cada universidad.
Este año la Organización de Naciones Unidas para la Cultura, la Educación y la Ciencia, conocida por su sigla UNESCO, propone conmemorar los 30 años de la declaración de Whindhoek bajo el lema “La información como un bien común”.
Bajo los tres ejes: “medidas para garantizar la viabilidad económica de los medios de comunicación”, “mecanismos para garantizar la transparencia de las empresas de Internet”, y “mejorar de las capacidades de alfabetización mediática e informacional que permitan a la gente reconocer y valorar, así como defender y exigir, al periodismo como parte fundamental de la información como un bien común”, la iniciativa de UNESCO nos interpela. La fecha no sirve sólo a modo de efeméride sino para poner estos temas en debate, reflexionarlos y seguir construyendo nuestros medios universitarios al servicio del bien común.
* Valentín Bisogni es Licenciado en Periodismo, autor de la tesis “Libertad de prensa en Entre Ríos: nuevos derechos y garantías consagrados en la reforma constitucional de 2008” y director del Canal de Televisión de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Fuentes consultadas
FISS, Owen M. La ironía de libertad de expresión (The Irony of Free Speech), Gedisa Editorial, Barcelona, España, 1996.
RODRIGUEZ VILLAFAÑE, Miguel Julio. Libertad de Expresión y Periodismo en el siglo XXI. Derechos, garantías, responsabilidades y secreto profesional periodístico, Editorial Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina, 2015.
LORETTI, Damián – LOZANO, Luis. El derecho a comunicar. Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, Argentina, 2014.
BECERRA, Martín – MASTRINI, Guillermo. La concentración infocomunicacional en América Latina (2000-2015). Nuevos medios y tecnologías, menos actores, Editorial Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 2017.